La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, aseguró este miércoles que el tribunal «no es una institución enemiga de ningún país o régimen» y defendió su independencia frente a las nuevas sanciones emitidas por Estados Unidos contra varios jueces y fiscales, incluida la propia magistrada japonesa.
La CPI no es «enemiga de ningún país», dice su presidenta tras las sanciones de EE.UU.
«No somos una institución enemiga de ningún país o régimen; somos un tribunal cuya función es procesar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves del mundo. Por tanto, quiero dejar claro que no actuamos en oposición a ningún gobierno», afirmó Akane en una rueda de prensa telemática ofrecida a medios japoneses tras ser sancionada la semana pasada por Washington.
La magistrada insistió en que la respuesta de la CPI a las medidas estadounidenses -un conjunto de comunicados que rechazan las sanciones- no debe interpretarse como un enfrentamiento «específico» con la Administración de Donald Trump, sino como una defensa de «la independencia» del tribunal ante cualquier intento de presión exterior.
Además de las sanciones de Trump, Moscú también emitió una orden de detención contra Akane y un tribunal ruso la condenó en rebeldía el pasado diciembre. En ese caso, fue por haber formado parte de la sala que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso.
Estas situaciones obligan a Akane a dedicar «un tiempo y esfuerzo considerables» a garantizar su seguridad personal, dijo.
La presidenta rechazó además las acusaciones de Estados Unidos contra la CPI y calificó de «absolutamente falso» que sea una organización «política y corrupta que utiliza el derecho internacional para arrebatar soberanía» a otros países, como afirma Washington.
Según Akane, la Corte y su personal investigan, procesan y juzgan de manera «neutral e imparcial» a altos cargos sospechosos de los crímenes internacionales más graves y solo cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.
También rechazó que las medidas estadounidenses respondan a una investigación actual dirigida contra sus ciudadanos y consideró que Washington invoca una «amenaza distante» (una investigación de presuntos crímenes en Afganistán que podría afectar a militares estadounidenses), sin que exista en estos momentos un caso directo contra personal de Estados Unidos.
Llamamiento a Japón
Akane hizo un llamamiento al Gobierno japonés para que mantenga su respaldo a la CPI y aproveche su relación con Estados Unidos para defender ante Washington la importancia del tribunal.
«Todo el mundo sabe que Japón mantiene una relación estrecha y duradera con Estados Unidos. Como aliado, confío en que Japón exprese su postura sobre la importancia y legitimidad de la CPI, mantenga un diálogo constructivo y evite que se intensifiquen aún más estas acciones por parte de EE. UU.», afirmó.
En este sentido, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó en la víspera que «continúa trabajando con Estados Unidos a varios niveles» para tratar de frenar las sanciones sobre Akane, y subrayó que sigue en contacto con otros países «para reforzar el respeto a la ley en la comunidad internacional».
Para Akane, las medidas contra la Corte plantean una cuestión que va más allá de la propia institución. «Las sanciones contra la CPI no son un problema exclusivo de la Corte, sino una crisis del propio Estado de derecho», advirtió.
La magistrada recordó que la CPI actúa como tribunal de último recurso cuando los Estados no tienen voluntad o capacidad para investigar y procesar los crímenes bajo su jurisdicción y subrayó que, para las víctimas, la Corte representa en muchos casos «la última esperanza».
«La CPI no se rendirá jamás. La justicia prevalecerá, y debe prevalecer, sobre aquello que se le opone», concluyó.
EFE
