Las opiniones sobre los acuerdos firmados por las delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria en Bridgetown, Barbados, son diversas. Uno de los puntos más controversiales es el relacionado con la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.
Los críticos señalan que las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos no están explícitamente mencionadas en el acuerdo. Por otro lado, los partidarios celebran el establecimiento de un plazo para la convocatoria de las elecciones presidenciales de 2024 y la inclusión de garantías como la observación internacional y la actualización del Registro Electoral.
Para analizar el alcance de este acuerdo político, Efecto Cocuyo consultó al doctor en ciencias políticas Michael Penfold, de la Universidad de Columbia, y al doctor en conflicto político y procesos de pacificación Miguel Ángel Martínez Meucci, de la Universidad Complutense de Madrid.
Penfold destaca que el acuerdo garantiza un mínimo y representa un avance importante hacia las elecciones de 2024. Sin embargo, el tema de las inhabilitaciones sigue siendo motivo de desacuerdo entre las delegaciones.
Por su parte, Martínez Meucci señala que la falta de mencionar explícitamente las inhabilitaciones a pocos días de las primarias de la oposición implica que este problema no ha sido resuelto. Además, cuestiona que el documento no precisa los términos de cumplimiento de los puntos acordados ni establece garantías al respecto.
En cuanto a la liberación de presos políticos, Martínez Meucci considera que este gesto suele ser parte de negociaciones de este tipo, y su ausencia en este momento siembra dudas sobre la voluntad del gobierno de cumplir con la apertura de la ruta electoral.
En relación a la posible victoria de María Corina Machado en las primarias, Penfold sostiene que el reacomodo de la oposición será inevitable y que necesitará apoyos más amplios para ganar una elección presidencial. Por otro lado, Martínez Meucci advierte que el sistema político autoritario en Venezuela ha evadido la Constitución y ha irrespetado acuerdos anteriores, por lo que la inhabilitación de Machado no debería proceder si se respetan los términos constitucionales.
En conclusión, si bien este acuerdo político puede considerarse un avance, es necesario que se den señales concretas de su cumplimiento. Además, se deben establecer los términos de cumplimiento, plazos y procedimientos, así como garantías claras. La liberación de presos políticos y el tema de las inhabilitaciones son aspectos pendientes que generan dudas sobre la voluntad del gobierno de cumplir con la apertura electoral.
