El líder de la Plataforma Unitaria para la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, Gerardo Blyde, ha anunciado que en las próximas horas se iniciará un procedimiento para permitir las habilitaciones de María Corina Machado y otros opositores venezolanos que deseen competir en las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, es importante destacar que ninguno de los opositores inhabilitados tiene una sentencia condenatoria firme en su contra, como exige la Constitución en su artículo 42. Según este artículo, el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme en los casos establecidos por la ley.
Una de las vías legales para levantar las inhabilitaciones es a través de la Contraloría. El constitucionalista Juan Manuel Raffalli explica que la administración pública puede revocar sus decisiones a través del mecanismo de autotutela de sus actos, siempre y cuando no cause perjuicio a los administrados. En este caso, la Contraloría debería revisar sus actos y dejar sin efecto todas las inhabilitaciones.
Raffalli destaca que María Corina Machado no ha sido enjuiciada ni se le ha notificado ninguna resolución. Según él, debe existir una sentencia o un acto administrativo notificado a ella, y en el caso de Machado, esto no ha ocurrido. Allan R. Brewer-Carías, otro constitucionalista, también denuncia que la supuesta inhabilitación de Machado se basa en una «ilegal certificación de mera relación», que no califica como una decisión o acto administrativo.
Además, Brewer-Carías señala que esta certificación fue emitida por un funcionario subalterno, lo cual va en contra de la Ley Orgánica de la Contraloría, que reserva al Contralor General de la República la facultad exclusiva de imponer esas sanciones.
Otra vía legal es a través del Tribunal Supremo de Justicia. Según la agencia Reuters, el gobierno venezolano podría permitir que las apelaciones contra las inhabilitaciones avancen en los tribunales como parte del acuerdo político firmado en Barbados. Sin embargo, Raffalli cuestiona cómo se puede apelar un acto que no ha sido notificado.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, sugiere que María Corina Machado presente una demanda ante el TSJ contra su inhabilitación o solicite al Contralor que deseche o anule el acto. Sin embargo, advierte que esta exigencia pone la carga sobre Machado, cuando la medida en su contra es contraria a derecho.
Es importante destacar que la admisión de una demanda por parte del Tribunal Supremo de Justicia no implica automáticamente la restitución de los derechos políticos de Machado. Sería solo el comienzo de un juicio.
María Verónica Torres, constitucionalista, considera que estas inhabilitaciones tienen un trasfondo político y carecen de fundamentos jurídicos sólidos. Asegura que el gobierno quiere mantener el tema en el ámbito jurídico porque el Poder Judicial está controlado por el gobierno, y si realmente quisieran agilizar el proceso, se plantearía una figura más expedita como un indulto.
En resumen, existen vías legales para levantar las inhabilitaciones a opositores venezolanos, como la revisión de la Contraloría y la presentación de demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, estas vías no garantizan automáticamente la restitución de los derechos políticos de los opositores y suelen estar sujetas a consideraciones políticas.
