El doctor en ciencia política, Ángel Álvarez, ha analizado el mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones que fue acordado en el marco de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, según informa Efecto Cocuyo.
En una entrevista para Efecto Cocuyo, el profesor advierte que el procedimiento para la revisión de las medidas arbitrarias, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “es un caramelo de cianuro” para María Corina Machado.
Machado, líder de Vente Venezuela, obtuvo una contundente y mayoritaria victoria como candidata presidencial en la elección primaria del pasado domingo 22 de octubre. Sin embargo, la inhabilitación, que no le fue notificada ni responde a una sentencia firme condenatoria como exige la Constitución, le impide ejercer cargos de elección popular.
“El caramelo de cianuro es el dilema en el cual colocan a María Corina Machado porque le ofrecen la posibilidad de obtener la suspensión o anulación de la medida de inhabilitación administrativa, impuesta por la Contraloría, y eso es dulce, es un caramelo”, señala Álvarez.
“Pero obviamente pende sobre ella una espada de Damocles: si introduce el recurso sin tener garantía política de que va a ser admitido, garantía que es poco probable que el gobierno le dé, ese caramelo se convierte en un veneno porque tiene altísimas posibilidades de obtener una respuesta negativa por parte del Tribunal Supremo”, agrega.
A juicio de Álvarez, el mecanismo es atractivo en su apariencia, pero “en realidad es un veneno en el sentido de que hay una alta posibilidad de que la eliminen políticamente por una decisión que tome ella misma al introducir el recurso en el TSJ que podría conducir a la ratificación, por el máximo tribunal del país, de una decisión tomada por la Contraloría”.
El profesor subraya que la resolución a la inhabilitación de Machado es una decisión estrictamente política y no jurídica que requiere presión interna e internacional para avanzar.
Además, considera que el gobierno pone a la oposición en una situación perder-perder porque si Machado no introduce el recurso se expone a ser señalada por el gobierno, e incluso por opositores críticos, de desaprovechar la oportunidad para rehabilitar su candidatura. Pero si lo introduce, lo más probable es que sea ratificada la inhabilitación.
El chavismo también busca generar la percepción de que en el país hay independencia de Poderes y la decisión que tome el TSJ, ratificando o anulando las inhabilitaciones, es producto de un órgano independiente.
Sobre esto, opina: “Es difícil que haya justicia (…) ese procedimiento de rehabilitación se aplicaría solo si al gobierno le conviene aplicarlo”.
Machado tiene menos de una semana para acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ a ejercer un recurso contencioso administrativo, acompañada de una solicitud de amparo cautelar. El plazo establecido para esto vence el próximo 15 de diciembre.
Esta fórmula se escogió, de acuerdo con el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, porque existe un precedente que le permitió al actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, ser elegido en 2021.
Blyde adjuntó la decisión, tomada por la entonces magistrada María Carolina Ameliach Villarroel en 2017, como antecedente.
En esa oportunidad, la Sala Político Administrativa admitió la demanda de nulidad (para su revisión) y declaró procedente la solicitud de amparo cautelar que suspendió los efectos del acto administrativo contra Rosales (que lo inhabilitaba para el ejercicio defunciones públicas por un periodo de siete años) hasta tanto se dictara la decisión de fondo que resolviera el mérito de la controversia.
En cuanto a los magistrados que integran la Sala Político Administrativa del TSJ, se encuentran Malaquías Gil Rodríguez, Bárbara Gabriela César Siero y Juan Carlos Hidalgo Pandares.
Gil Rodríguez se graduó de abogado en la Universidad de Los Andes y se especializó en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue diputado a la Asamblea Nacional por Trujillo entre 2000 y 2010 y ocupa su cargo en el poder judicial desde 2010.
César Siero se graduó de abogada en la Universidad Santa María de Caracas y realizó estudios de postgrado en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. Fue sancionada por Canadá en 2019 por ser responsable de la situación venezolana.
Hidalgo Pandares es un general de Brigada, magíster en Ciencias y Artes Militares y abogado especialista en Derecho Penal. Fue fiscal general Militar en 2009 y se desempeñó como presidente de la fundación Pueblo Soberano en 2005.
En resumen, el mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones en Venezuela plantea un dilema para María Corina Machado, quien tiene la posibilidad de impugnar la medida pero corre el riesgo de obtener una respuesta negativa. Expertos consideran que se trata de una decisión política y no jurídica, y el gobierno busca mostrar independencia de Poderes. Machado tiene hasta el 15 de diciembre para presentar su recurso ante el TSJ.
