El partido Primero Justicia (PJ) se unió a la solicitud realizada por Voluntad Popular (VP) de establecer un cronograma que fije una fecha definitiva para las elecciones presidenciales de este año.
Ángel Medina, politólogo y líder de PJ, destacó que este cronograma también incluiría un período en el cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueda pronunciarse sobre las inhabilitaciones políticas, en particular la que afecta a la candidata María Corina Machado.
La Sala Político Administrativa del TSJ debe revisar la supuesta sanción impuesta a la líder de Vente Venezuela como parte del acuerdo político de Barbados, firmado por el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria (de la cual forman parte PJ y VP) en octubre del año pasado.
Medina también resaltó las garantías electorales establecidas en el acuerdo político, como la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, las auditorías al sistema automatizado de votación y la observación electoral internacional, entre otras.
El martes 9 de enero, el equipo legal de Machado denunció que la sala del TSJ le niega el acceso al expediente, lo cual pone en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, advirtió su abogado Perkins Rocha.
«A su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados», agregó Rocha.
Mecanismo de revisión de inhabilitaciones
El «procedimiento para la revisión de medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República», establecido por las partes, establece que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, en concordancia con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
El jefe de la delegación opositora para la negociación, Gerardo Blyde, recordó en ese momento que existe un precedente con el amparo presentado por Manuel Rosales, presidente de Un Nuevo Tiempo, en el año 2014. Este amparo le permitió levantar una inhabilitación política impuesta por la Contraloría General de la República cuando fue gobernador del Zulia en 2007.
Dicha acción permitió a Rosales presentarse en las elecciones regionales de 2021, en las cuales resultó electo gobernador del Zulia, ya que la sala suspendió los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000152, de fecha 8 de agosto de 2014, emitida por la Contralora General de la República, que impuso como sanción la «inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de siete (07) años y seis (6) meses, hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia».
En resumen, Primero Justicia se une a Voluntad Popular en la solicitud de establecer un cronograma para las elecciones presidenciales de este año, en el cual se incluya un lapso para que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre las inhabilitaciones políticas. Además, se resalta la importancia de las garantías electorales establecidas en el acuerdo político de Barbados. Por otro lado, se menciona el mecanismo de revisión de inhabilitaciones y se hace referencia a un precedente con el caso de Manuel Rosales.
