La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, enfrenta una ampliación de la acusación en su contra en la fiscalía federal de Miami, con la adición de nuevos testimonios que detallan su presunta participación en esquemas de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público de Venezuela.
Según fuentes cercanas a la investigación, varios testigos, incluyendo un ex fiscal venezolano y un intermediario que operaba para Ortega, han cooperado con las autoridades federales, aportando información sobre pagos irregulares y presuntos casos de extorsión.
Uno de los casos en los que Ortega ha sido mencionada involucra al empresario venezolano Carlos Urbano Fermín, quien se declaró culpable de pagar sobornos a un «fiscal de alto rango», presumiblemente Ortega Díaz, para evitar investigaciones sobre contratos con la petrolera estatal Pdvsa.
Además, se ha señalado que Ortega habría recibido pagos irregulares de banqueros vinculados al Banco Occidental de Descuento (BOD), para controlar investigaciones sobre un esquema de fraude relacionado con cuentas en dólares pertenecientes a venezolanos.
La ex fiscal, conocida por su controvertido mandato en Venezuela, ha sido objeto de críticas y acusaciones de persecución judicial a opositores durante su gestión. Tras mostrar diferencias con el régimen madurista, fue destituida en 2017 y huyó del país.
Ortega ha buscado cooperar con la oposición y con organismos internacionales, denunciando la corrupción en Venezuela y solicitando asilo político en España por temor a represalias del gobierno de Maduro.
En paralelo a las investigaciones en Estados Unidos, Ortega también enfrenta una indagación en Colombia, donde se ha emitido una orden de captura en su contra por presunta negativa a comparecer ante la justicia en relación a una investigación en curso.
Estos nuevos desarrollos en el caso de Luisa Ortega Díaz reflejan la complejidad y las ramificaciones internacionales de las acusaciones en su contra, así como su controversial trayectoria política y judicial en Venezuela.
