La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. San Miguel fue detenida el pasado viernes y su paradero aún se desconoce. La CIDH, en una publicación, señaló que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares y exigió al Estado venezolano que informe sobre su paradero y garantice el respeto a sus derechos judiciales y a la presunción de inocencia.
Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela también han rechazado la «detención arbitraria» de San Miguel. La activista fue arrestada el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija.
Además, el abogado de San Miguel informó que cinco familiares y allegados de la activista también están desaparecidos desde su detención. Estas personas fueron abordadas en distintos lugares por cuerpos de seguridad y ahora se encuentran en «desaparición forzada».
La detención de San Miguel se debe a su supuesto vínculo con una conspiración para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Saab señaló en una red social que se emitió una orden de captura contra San Miguel por su presunta participación en la trama conspirativa denominada «Brazalete Blanco», cuyo objetivo era atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios.
La desaparición forzada de Rocío San Miguel ha generado preocupación y condena tanto a nivel nacional como internacional. La CIDH y diversas organizaciones exigen al Estado venezolano que garantice el respeto a los derechos humanos y la integridad de la activista y sus familiares.
