La plataforma unitaria democrática de la oposición venezolana responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de la integridad física y seguridad de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien detuvieron el pasado viernes 9 de febrero.
En un comunicado publicado este lunes, 12 de febrero, la coalición opositora reiteró las denuncias de ONG nacionales e internacionales sobre la desaparición forzada de San Miguel, ya que no se conoce su ubicación actual ni se ha respetado el debido proceso desde su detención en el aeropuerto de Maiquetía.
«Estamos en presencia de un caso de desaparición forzada, ya que a pesar de que Tarek William Saab confirmara la detención, hasta el momento ningún cuerpo de seguridad ni ningún tribunal se ha hecho responsable de su custodia o seguridad», afirmaron.
El documento fue publicado horas antes de que el Ministerio Público, a través de su titular Tarek William Saab, informara sobre la imputación contra San Miguel, su exesposo, dos hermanos, su hija y otra persona cercana.
«Hacemos responsable a Nicolás Maduro de la integridad de Rocío (San Miguel) y sus familiares, y exigimos la liberación inmediata de todos», expresaron.
Según la Fiscalía, San Miguel tenía una orden de aprehensión por su supuesta participación en una operación llamada «Brazalete blanco», que buscaba atentar contra la vida del gobernante Maduro.
Sin embargo, estas acusaciones son rechazadas por activistas y ONG de derechos humanos en Venezuela, que afirman que este tipo de medidas forman parte de un patrón del gobierno para perseguir, hostigar y encarcelar a defensores en el país.
La oposición calificó este hecho como «terrorismo de Estado», que a su juicio «confirma la pertinencia del expediente que cursa en la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Maduro y otros jerarcas del régimen».
En cuanto a las acusaciones del gobierno contra San Miguel, la Fiscalía la acusa de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación». A su exesposo Alejandro González de Canales se le acusa de «revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación».
En cuanto a su hija Miranda Díaz de San Miguel y los hermanos de la activista, Miguel Ángel San Miguel Sosa, Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta (militar retirado y padre de Miranda), también fueron imputados la noche del lunes 12 de febrero, aunque no se especificaron los cargos. Se mencionó que se solicitarían medidas cautelares, como la presentación periódica en tribunales.
Este martes, la Oficina de la ONU para Derechos Humanos expresó su preocupación por este caso, exigió la liberación inmediata de San Miguel y alertó sobre su desaparición forzada.
