El gobierno de Canadá expresó su preocupación por el encarcelamiento de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Desde su detención el pasado 9 de febrero, se desconocía su paradero hasta que se supo que estaba detenida en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Durante cinco días, tanto ella como cinco familiares estuvieron desaparecidos.
El Ministerio Público confirmó su detención el domingo 11 de febrero y dos días después sus abogados confirmaron que estaba en El Helicoide. Sin embargo, su equipo de defensores no ha tenido acceso a ella ni se le permitió tener abogados privados cuando fue presentada en un tribunal en Caracas.
La embajada de Canadá mostró su preocupación en Twitter y se sumó a los países y organizaciones que exigen la plena implementación del Acuerdo de Barbados, un pacto alcanzado entre el chavismo y la oposición venezolana para garantizar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
Desde que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitó a María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos por 15 años en enero pasado, tanto el chavismo como la plataforma se acusan mutuamente de violar este acuerdo. Además, se han producido detenciones de activistas y desapariciones forzadas, como en el caso de Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González De Canales.
Diversos actores internacionales, como Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, han expresado su apoyo a la defensora de derechos humanos y han exigido su liberación inmediata. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha denunciado su desaparición forzada y manifestado preocupación por su arresto.
