ONG Provea alerta sobre presencia de funcionarios de la Corte Penal Internacional en Venezuela
La ONG Provea emitió una alerta el 21 de febrero sobre la posible apertura de la oficina técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, Venezuela. Esto se da en el marco del segundo memorándum de entendimiento firmado por el fiscal Karim Khan con el gobierno de Nicolás Maduro el 9 de junio de 2023.
Se espera que la instalación de esta dependencia se lleve a cabo durante el primer trimestre de 2024, con la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, incluida. Sin embargo, la decisión de la Sala de Apelaciones I de la Corte, programada para el 1 de marzo, sobre la petición del gobierno venezolano para detener la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, podría influir en este proceso.
La presencia de funcionarios de la CPI en medio de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas genera preocupación entre los defensores de derechos humanos. Esta situación plantea interrogantes sobre el impacto que podría tener la CPI en la defensa de los derechos humanos en Venezuela en ausencia de la oficina de la ONU.
No habrá atención a víctimas
Según el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la oficina de la CPI no atenderá a las víctimas como lo hacía la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sino que se centrará en brindar cooperación técnica al Estado venezolano para ajustar su legislación a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las recomendaciones de la CPI incluyen asesorías y acompañamientos en reformas legislativas, investigaciones y enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos, así como la formación de funcionarios en buenas prácticas en esta área.
El abogado también señaló que la presencia de la CPI en Venezuela envía un mensaje negativo sobre el respeto a los derechos humanos en el país, aunque el gobierno busca mantener buenas relaciones con esta institución.
¿En qué consistiría la cooperación entre ambas oficinas?
La abogada Andrea Santacruz de la ONG Civilis explicó que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la CPI son entidades diferentes que cooperan según el Estatuto de Roma. Sin embargo, la ausencia de la oficina de la ONU en Caracas podría afectar la operatividad de la CPI en el país.
La cooperación entre ambas oficinas hubiera sido beneficiosa para facilitar los contactos con el gobierno, el conocimiento del país y otros temas logísticos. Sin embargo, esta colaboración ya no será posible debido a la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Impacto en operatividad
La instalación de la CPI en Caracas podría verse afectada por la ausencia de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país, según una fuente anónima. Esta situación plantea desafíos para la operatividad de la CPI en Venezuela.
El gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la CPI han firmado dos memorandos de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de administración de justicia y derechos humanos. El segundo memorando, firmado en junio de 2023, establece la instalación de la oficina técnica de la CPI en Caracas.
