La Cancillería venezolana ha emitido un contundente rechazo a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 16 funcionarios de diferentes poderes públicos en el país.
En un comunicado publicado en la red social Instagram, el canciller Yván Gil denunció estas medidas como «coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales», dirigidas a un grupo de funcionarios del Estado, lo cual, según Gil, refleja el total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos.
Por su parte, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, afirmó que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris están determinados a castigar a aquellos que respaldaron la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
A quiénes sancionó EEUU
Las sanciones afectan a cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluyendo a su presidenta Caryslia Rodríguez y su vicepresidenta Fanny Márquez, así como al fiscal que solicitó la detención del abanderado opositor Edmundo González Urrutia, un juez especial contra el terrorismo, miembros del alto mando militar y jefes de los cuerpos de seguridad e inteligencia.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera estas sanciones como un acto grosero destinado a congraciarse con una clase política que ha recurrido a prácticas fascistas y violentas para socavar la democracia bolivariana, calificándolas como un nuevo crimen de agresión por parte de Estados Unidos.
Asimismo, se ha señalado que estas sanciones violan los Acuerdos de Qatar firmados por Miraflores y la Casa Blanca en el último año, y se responsabiliza a sectores de la oposición venezolana de promoverlas.
