Tras confirmarse la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, después de su desaparición el pasado 23 de octubre, el embajador de carrera y abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, exigió justicia.
González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España, expresó a través de su cuenta en la red social X, la tarde del viernes 25 de octubre, su preocupación por la investigación de este caso, calificado por el partido Voluntad Popular como asesinato.
“La verdad debe ser conocida por todo el país. Edwin era un joven comprometido con la democracia, su familia y su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad”, escribió el excandidato opositor.
El partido Voluntad Popular denunció la noche del jueves que Santos estaba desaparecido y que presuntamente había sido detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han proporcionado información sobre la muerte del activista.
Otras reacciones
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también emitió un comunicado tras conocer la muerte del opositor, residente de El Nula, en el estado Apure.
“Con gran consternación recibimos la noticia del asesinato de Edwin Santos, colaborador del Vicariato Parroquial de San Camilo, en El Nula, estado Apure, después de que testigos afirmaran que el pasado 23 de octubre habría sido detenido de forma irregular”, se leyó en una publicación en la cuenta de la organización en la red social X.
JEP exigió una investigación exhaustiva e imparcial por parte de las autoridades, con apego a los más altos estándares, y solicitó el máximo respeto y apoyo para la familia y la comunidad a la que servía Santos.
Organizaciones como Espacio Público informaron que las autoridades trasladaron el cadáver de Santos a la morgue de San Cristóbal, capital del estado Táchira, a las 2:53 pm de ese viernes, según información proporcionada por el sacerdote Gerardo Rosales.
Desde la organización Un Mundo sin Mordazas también condenaron la desaparición forzada y la “ejecución extrajudicial” del activista político.
La ONG Provea también repudió el asesinato de Santos y señaló que el activista estaba desaparecido desde el 23 de octubre, cuando fue detenido por presuntos funcionarios del Sebin. La organización planteó la posibilidad de que se trate de una ejecución extrajudicial y un crimen de lesa humanidad.
