España dejará de dar residencia temporal humanitaria a venezolanos.
España dejará de dar y renovar residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, a partir de mañana viernes, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Así figura en una nota informativa del Ministerio de Interior español de este jueves, que informa de cómo se aplicará el Pacto Europeo de Migración y Asilo y que especifica que España «dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora».
Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas características, debido a que ya no se podrá renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberían haber pedido «otras autorizaciones de residencia y trabajo».
El Gobierno español puso en marcha en 2018 ese permiso especial para los ciudadanos venezolanos ante el elevado número de solicitudes de asilo de los mismos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, lo que ha permitido regularizar la situación de unos 240.000 ciudadanos de Venezuela en España.
¿CÓMO APLICARÁ ESPAÑA EL PACTO EUROPEO?
España aplicará desde mañana el pacto europeo y establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular.
Hasta que se resuelva esa petición de protección internacional, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
Además, dentro de este procedimiento, la denegación de la solicitud de asilo conllevará el retorno y se procederá a la denegación de entrada o devolución.
En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, el Gobierno español asegura haber optado por «un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes», que tendrán las garantías propias de la normativa española como asistencia jurídica, intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.
Se introduce, además, un nuevo procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de los países de la Unión Europea.
UN TRIAJE COMÚN A TODA LA UE EN FRONTERA
Entre sus novedades, el pacto introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países para reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.
Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros países no podrán recibir una autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades.
España aplica ya un proceso similar, que ahora se adaptará con un formulario específico, el refuerzo de la detección preliminar de vulnerabilidades y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento independiente del respeto de los derechos fundamentales, que corresponderá al Defensor del Pueblo.
El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria, dentro del cual España ha sido identificada como ‘Estado miembro bajo presión migratoria’ y, por lo tanto, se beneficiará de las aportaciones obligatorias de otros países de la UE.
Para concretar la aplicación de este mecanismo, está prevista la celebración en Bruselas de una primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad el próximo lunes 15 de junio.
ESPAÑA DICE NO A LOS CENTROS DE RETORNO EN TERCEROS PAÍSES
En el comunicado, Interior subrayó la oposición del Gobierno a las creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo reglamento de retorno y descartó su utilización en la gestión migratoria española, por las «serias dudas» que plantea al Ejecutivo sobre su legalidad y proporcionalidad.
España asegura que ha fortalecido los recursos humanos y los medios materiales de las unidades y servicios más afectados y el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para facilitar la interoperabilidad e intercambio de información entre las autoridades policiales, de protección internacional y de acogida.
Además de los sistemas nacionales, el pacto exige la puesta en marcha de un nuevo Eurodac, el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares, que ya no solo se aplicará a los solicitantes de protección internacional, sino que recogerá datos de todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a Europa.
