Familiares de los presos políticos liberados en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, han denunciado graves irregularidades en el proceso de excarcelación y presuntas amenazas a los liberados para que no cuenten su experiencia y los abusos que sufrieron en prisión.
Según testimonios recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los excarcelados son liberados sin dinero, sin derecho a comunicarse con sus familias y con ropa de civil, siendo abandonados en el terminal Big Low Center de Valencia.
Una de las denuncias más preocupantes es que a los liberados se les exige firmar un compromiso en el que se comprometen a no hablar sobre las condiciones que vivieron en prisión. Además, se les obliga a grabar videos en los que afirman que recibieron un trato adecuado, que no sufrieron maltratos y se les respetaron sus derechos humanos. En caso de negarse, las víctimas se ven amenazadas con quedar nuevamente detenidas.
Los familiares aseguran que los liberados son dejados a su suerte, muchas veces sin recursos para regresar a sus hogares, e incluso en áreas apartadas del terminal para evitar que la multitud los vea. Las excarcelaciones se realizan en grupos pequeños, aparentemente para no llamar la atención y minimizar el impacto mediático.
El OVP ha denunciado este comportamiento como parte de una estrategia de intimidación para silenciar a los excarcelados y a sus familiares. La organización sostiene que el proceso de liberación debe ser libre de amenazas y sin condiciones que vulneren los derechos fundamentales de los detenidos.
En un comunicado, los familiares y activistas insisten en que el Estado debe reparar los daños físicos y psicológicos causados a los detenidos, quienes quedaron arrestados arbitrariamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador.
