La intervención judicial del PCV es un hecho de suma gravedad. Es otra prueba de que los derechos fundamentales a la asociación, a la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión se encuentran en estado comatoso. Como en la mitología griega que habla de Saturno, como el dios que devoraba a sus hijos, así el oficialismo y más concretamente el madurismo, ha ido acabando con los antiguos aliados que ayudaron a Hugo Chávez a llegar al poder.
Antes de que el gallo rojo cantara una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió cortarle la cabeza. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) se convirtió en la noche del viernes 11 de agosto en la última formación política, que en algún momento apoyó al chavismo, en ser intervenida por el máximo juzgado, reseña la ONG Acceso a la Justicia.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia n.º 1.160, redactada por la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, cuyo contenido íntegro fue publicado dos días hábiles después de su anuncio en el sitio web del organismo rector del Poder Judicial. En esta sentencia, el máximo juzgado entrega las riendas del histórico partido a Henry Parra, quien se desempeñará como su presidente, mientras que Sixto Rodríguez ocupará el puesto de secretario general.
Los designados tienen la tarea de organizar «los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados».
La medida contra el PCV se produce justo una semana después de que la Sala Constitucional interviniera a la Cruz Roja Venezolana, otra decisión del TSJ que ha provocado una ola de críticas dentro y fuera del país y que ha sido denunciada como un nuevo zarpazo contra la libertad de asociación en Venezuela.
Vuelta forzada al redil
La intervención del partido identificado a efectos electorales con un gallo rojo dentro de un círculo amarillo supone un golpe más al artículo 67 constitucional, el cual establece: «todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes».
En la última década, el TSJ ha tomado medidas similares contra más de una docena de formaciones políticas, tanto opositoras como disidentes del chavismo, en lo que parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas.
Desde 2012, agrupaciones que estuvieron alineadas con el oficialismo y que con el paso del tiempo se fueron deslindando han visto cómo el máximo juzgado destituía a sus autoridades y les imponía a otras, una decisión que traía como consecuencia casi inmediata su realineación con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
El movimiento Por la Democracia Social (Podemos) y Patria Para Todos (PPT) fueron los primeros en correr esta suerte en el marco de las elecciones presidenciales de 2012, cuando optaron por apoyar la candidatura del entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Tres años después le pasó lo mismo al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), y posteriormente la lista fue engrosada por Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y el PPT por segunda vez.
Como en el caso de las formaciones antes mencionadas, el TSJ les entregó el PCV a unas personas (Henry Parra y Sixto Rodríguez) cuya militancia ha sido cuestionada, pero siguen estando alineadas con el Gobierno.
Un matrimonio conflictivo
En el caso del PCV, la medida parece ser el punto culminante de la tormentosa relación que comunistas y chavistas han mantenido durante más de dos décadas. Los comunistas fueron de los primeros en sumarse al Polo Patriótico y le dieron su respaldo a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1999, pero en 2007 se produjeron las primeras diferencias entre ambos, debido a la propuesta de Chávez de crear un partido único que aglutinara a todas las fuerzas que respaldaban la revolución bolivariana: lo que hoy se conoce como el Partido Socialista Único de Venezuela (PSUV).
La tolda del gallo, fundada en 1931, rechazó la idea de desaparecer y esto no agradó al entonces mandatario. «Los que quieran irse váyanse, escojan como van a quedar en el recuerdo de un pueblo y de nosotros que estamos decididos a hacer una verdadera revolución socialista en Venezuela», les espetó Chávez en esa ocasión.
No obstante, las relaciones se recuperaron y la alianza continuó hasta Maduro, aunque ya para las cuestionadas presidenciales de 2018 hubo nuevos roces. La situación empeoró en los últimos años, debido a la política económica «neoliberal» y «complaciente con los empresarios» asumida por el Gobierno, de acuerdo con los comunistas.
Así para las legislativas de 2020 (en las que superó los 170 mil votos, obteniendo un escaño al Parlamento nacional) y las «megaelecciones» regionales y municipales de 2021, el PCV formó una alianza con otras formaciones minoritarias del oficialismo, algo que no agradó a las autoridades, que tomaron algunas medidas para neutralizarla, como la inhabilitación de algunas candidaturas.
Intervención anunciada
Desde hacía tiempo, en el PCV venían advirtiendo la posibilidad de que ocurriera lo que terminó pasando, una posibilidad que fue rechazada por el comunismo internacional. Desde finales de 2022, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello ha atacado desde su programa de televisión a la directiva comunista ahora destituida, a la que ha acusado de seguir el discurso de Estados Unidos, una opinión compartida por Henry Parra.
Al menos así lo dejó en claro el pasado 10 de julio, cuando acudió al TSJ para presentar una acción de amparo en la que solicitaba medidas contra la «ilegal» directiva del PCV, a la que acusó de «casi coincidir con la ultraderecha».
Las críticas que el partido del gallo lanzó frente a la última cruzada contra la corrupción del Gobierno y sus peticiones para que las investigaciones abarcaran a altos cargos, así como su reciente demanda para que el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, fuera investigado por el Ministerio Público, por las amenazas a la precandidata opositora María Corina Machado, parecen haber agotado la paciencia del oficialismo.
Las consecuencias
La intervención judicial del PCV es un hecho de suma gravedad. Es otra prueba de que los derechos fundamentales a la asociación, a la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión se encuentran en estado comatoso en el país, y ello gracias a la rama del Poder Público que debería garantizarlos: el Poder Judicial.
No exageran los comunistas venezolanos cuando calificaron la sentencia como un «fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano», pues «no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno-PSUV».
La medida representa además un hecho sin precedentes en la historia del país. Solo las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez se habían atrevido a tomar acciones tan drásticas contra los comunistas. Ni siquiera en tiempos de la lucha guerrillera armada, en la
