El fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ha prometido aplicar la ley en casos en los que las clínicas privadas del país se nieguen a atender a pacientes asegurados, incluso si su condición es grave.
A través de sus redes sociales, Saab anunció que el Ministerio Público ha recibido denuncias de pacientes que pagan regularmente sus cuotas de seguros y, sin embargo, son rechazados por las clínicas cuando solicitan atención médica.
Las reacciones a este anuncio han sido diversas en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra de la medida. Algunos usuarios señalaron que los seguros privados de los empleados públicos no pagan a tiempo los servicios de las clínicas, lo que resulta en la negación de atención. Otros sugirieron que se realice una reunión entre ambos sectores y el Ministerio Público para acordar medidas.
Por otro lado, las clínicas privadas en Venezuela se están «reinventando» según la agencia Bloomberg. Están creando planes especiales para que los asegurados puedan pagar las cuotas de sus pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). La publicación destaca que muchos venezolanos recurren al sector salud privado debido a las deficiencias del sector público. Sin embargo, en muchos casos, los costos de los tratamientos son cubiertos con los ingresos de los pacientes o con la ayuda de familiares y amigos. Según la Cámara de Aseguradores, el 95% de los venezolanos no cuenta con un seguro médico.
La crisis del sector público de salud en Venezuela es conocida por todos. Según datos de la ONG Acción Solidaria, el sistema de salud del país ha perdido el 70% de su capacidad de respuesta desde 2016. Además, el 58% de los ciudadanos no tienen recursos para gastos de bolsillo que deberían estar cubiertos por el Estado. Un estudio de la ONG revela que aproximadamente 9,3 millones de personas en el país tienen problemas crónicos de salud y no tienen los recursos o medicamentos necesarios para atenderlos.
Desde 2021, se acordó la creación de la Superintendencia de Clínicas Privadas entre la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, queda la incógnita de si esta comisión ha funcionado en algún momento. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, explicó en su momento que este organismo ayudaría a canalizar las denuncias sobre irregularidades y cobros excesivos.
Saab asegura que la investigación en curso tiene como objetivo sancionar las posibles violaciones a la ley.
