Las familias de los desaparecidos se quejan porque pese a las detenciones de unos cuantos tratantes de personas, siguen sin encontrar a sus seres queridos.
Decenas de familias venezolanas siguen esperando respuestas de los 150 migrantes desaparecidos en alta mar. De estas, 32 son de Falcón, las cuales han recurrido a todas las instancias locales, nacionales e internacionales, para dar con el paradero de sus seres queridos.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón), se hicieron eco de la denuncia de las familias de las 32 personas que desaparecieron en Falcón desde el 2019.
En este caso, Jhonny Romero, presidente del Comité Nacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela, Confavit, denunció ante el OVV que «en Venezuela todo es indiferencia y desvirtuar las declaraciones de las familias».
«Hemos pasado por el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organismos de seguridad, acudido a distintas ONG de derechos humanos y ha sido difícil que se haga justicia porque los organismos no atienden con la responsabilidad el caso, las denuncias y los casos de tráfico o trata de personas son muy difíciles de probar», señaló.
Señaló que «no hay voluntad institucional del gobierno para investigar estos delitos y es por eso que las familias lo están haciendo por su cuenta».
Para Romero, los indicios están y confirman lo que los familiares de los desaparecidos en alta mar han repetido en innumerables oportunidades: «nuestros familiares son víctimas de bandas de trata de personas».
Estos resultados salieron a la luz luego de las primeras investigaciones, posterior a la desaparición de la lancha en la que se trasladaban hacia la isla de Curazao los 32 falconianos en 2019.
«Acceder a la zona donde se embarcaron en la costa oriental de Falcón ha sido muy difícil, porque sabemos es un sector sitiado por la delincuencia organizada, donde ni los organismos de seguridad tienen total acceso», explicó Romero.
«Logramos descubrir que nuestros familiares habían desaparecido en manos de una organización criminal y por eso hay cinco detenidos que ya están siendo enjuiciados, porque las pruebas así lo señalan y hemos seguido investigando, encontrando evidencia a través de redes sociales oscuras, ubicando fotografías de los desaparecidos, que evidencian que se está traficando con personas», sentenció.
Desde el 2019
En Falcón la trata de personas quedó al descubierto en septiembre de 2019, cuando fueron detenidos en Tucacas, costa oriental de Falcón, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cinco hombres, que presuntamente integraban una banda dedicada al tráfico humano hacia Aruba y Curazao.
Luego de tres años y cuatro meses y al cumplirse más de 30 audiencias, los detenidos -cuatro hombres y dos mujeres- están en la fase final del juicio. Sin embargo, los familiares no ven alguna salida, pese a que las supuestas víctimas no aparecen y tampoco declararon ante el tribunal.
Las investigaciones en torno al caso no han arrojado evidencias relevantes.
Integrantes del Comité Nacional aseguraron que no es la primera vez que denuncian casos o informan sobre zarpes sin obtener respuesta.
A finales de julio recibieron notificación sobre el juicio a cinco detenidos por trata. Las familias aseguran que esto genera incertidumbre, ya que todo el proceso llevado por el Ministerio Público ha sido cuestionable.
Las familias de las víctimas aseguran que esto genera más incertidumbre, puesto que denuncian que todo el proceso de búsqueda e investigación llevado por el Ministerio Público ha sido hecho muy a destiempo, de forma negligente y precaria.
A esto se suma que el proceso genera dudas sobre los resultados del juicio en términos de condenas y penas justas.
«Aunque estos delitos se demuestran más con las denuncias y los testimonios, creemos que se podría haber logrado más y mejores diligencias de ley y experticias criminalísticas, lo cual no sucedió, porque ya todos sabemos cómo funciona el sistema judicial en este país», señaló Johnny Romero, padre de Jesús Romero Palacios, de 27 años, uno de los desaparecidos, y vocero de las familias víctimas.
Romero agregó: «Si las acciones y procesos de búsqueda e investigación se hubieran hecho correctamente, no sólo habría detenidos a punto de saldar cuentas con las víctimas y la justicia, sino que también se habrían generado acciones tendientes a buscar y rescatar a los familiares desaparecidos, utilizando todas las pistas y evidencias que hemos suministrado para que los ubicaran, rescataran y los trajeran a casa, lo cual es nuestro mayor interés».
Vulneración de los DD.HH.
Desde el OVV Falcón se considera la trata de personas como un delito que vulnera gravemente los derechos humanos de las víctimas que pasan a ser invisibles.
«Es una secuencia de actividades delictivas cuyo propósito incluye diversas formas de explotación. Es considerada una forma contemporánea de esclavitud que ha ido evolucionado con el tiempo debido al proceso de la globalización. Este delito tiene distintos fines entre los que se encuentran sobre todo la explotación sexual y la explotación laboral, pero también la esclavitud», sentenció el equipo investigador.
La trata de personas engloba la captación, el traslado y el aislamiento de seres humanos para obtener beneficios a su costa a través de la explotación.
En todas sus variantes produce numerosas ganancias a las redes de explotadores, grandes secuelas en las víctimas y constituye enormes costes para la sociedad.
Este fenómeno delictivo se desarrolla en un contexto social, económico y político que se basa en las desigualdades y supone una constante violación de los derechos humanos.
