Activistas y organizaciones por los derechos humanos recuerdan que «es obligación del Estado dirigir sus acciones a garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio de los derechos».
El Estado venezolano mantiene «el patrón de persecución» que se ha materializado a través del socavamiento de los derechos fundamentales, como la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene restricciones en el espacio cívico y democrático en el país.
La advertencia fue hecha por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB, junto con otras 70 organizaciones de la sociedad civil, en un análisis del actual contexto preelectoral.
Como ejemplo de este patrón, citaron el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión por un tribunal con competencia en materia de terrorismo, por delitos de conspiración y asociación para delinquir. También denunciaron el caso de Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios, quien fue detenida sin orden judicial y desaparecida en el estado Táchira.
Además, mencionaron los casos del enfermero y dirigente José Cádiz, detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y de Seir Contreras, ancla del canal Globovisión, despedido por cuestionar al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista.
Los denunciantes también resaltaron las amenazas de integridad física hacia Delsa Solórzano y María Corina Machado durante sus recorridos en diferentes estados del país como parte de sus precandidaturas.
En el comunicado, estas organizaciones expresan preocupación porque el Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y participación en asuntos públicos.
Además, manifestaron su preocupación por el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral, que pretenden generar un efecto inhibitorio en los procesos electorales futuros.
También señalaron las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, los actos de intimidación y hostigamiento hacia sectores de la sociedad que promueven la participación política a través de elecciones primarias, y la intervención judicial de asociaciones civiles y organizaciones políticas.
En conclusión, hicieron un llamado al cese de la persecución del Estado venezolano mediante la criminalización de las voces disidentes. Insistieron en que es obligación del Estado garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir la violencia electoral y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política de la ciudadanía y los actores de la sociedad.
