Los representantes de la junta regional de primarias de Carabobo, Manuel Barreto Hernaiz (presidente) y Adelba Taffin Alvarado (vicepresidenta), comparecieron durante cinco horas como «investigados» en la sede del Ministerio Público en Caracas el miércoles 8 de noviembre.
La Comisión Nacional de Primaria informó sobre esta indagatoria a través de su cuenta en la red social Twitter, donde también mencionaron que la presidenta y el vicepresidente de la junta organizadora de la consulta interna de la plataforma unitaria democrática del estado Vargas también fueron citados para declarar.
«A las 7:26 pm salen de la sede del Ministerio Público en Caracas el presidente y vicepresidente de la Junta Regional de Primaria del estado Carabobo, quienes habían recibido citación para este miércoles a las 2:30 pm», escribieron.
Cabe destacar que esta es la segunda vez que Barreto Hernaiz y Taffin Alvarado acuden a la Fiscalía, habiendo comparecido previamente en Valencia el pasado 30 de octubre. Ese mismo día, también se llamó a miembros de juntas de primarias en Apure, Miranda, Lara, Mérida, Anzoátegui, Trujillo y Caracas.
En las últimas citaciones del Ministerio Público, se ha requerido que los voceros se trasladen a la capital venezolana para responder preguntas sobre la investigación que inició la Fiscalía el 25 de octubre, relacionada con presunto fraude en las primarias del 22 de octubre.
Otra junta de primarias que ha sido citada esta semana es la del estado Lara, donde también se hizo la acotación de que acudían en calidad de «investigados».
Además, el pasado 30 de octubre, también fueron llamados a declarar el presidente de la Comisión Nacional, Jesús María Casal; la vicepresidenta, Mildred Camero; y el miembro principal y vocero de Súmate, Roberto Abdul-Hadi. Días después, se citó a uno de los encargados de la comisión técnica, Francisco Castro.
Cabe mencionar que la consulta de la oposición contó con la participación de más de 2 millones de personas que eligieron a María Corina Machado como su candidata presidencial. Sin embargo, luego de que el presidente Nicolás Maduro y sus aliados denunciaran un presunto fraude durante el proceso, la Fiscalía abrió una investigación y el 30 de octubre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró «sin efectos» el proceso, a solicitud del diputado disidente opositor José Brito.
