El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha anunciado una serie de medidas con el objetivo de demostrar que el referendo consultivo sobre el Esequibo es vinculante. Estas medidas incluyen la creación de una Zona de Defensa Integral en Tumeremo (ZODI), el nombramiento del militar Alexis Rodríguez Cabello como autoridad administrativa de la Guayana Esequiba y un plazo de tres meses para que las trasnacionales dejen de explotar recursos en la zona en disputa.
Sin embargo, según expertos en derecho internacional como Lauren Caballero y Mariano de Alba, estos anuncios generan más dudas que certezas y no pasan de ser simbolismos o una puesta en escena para aprovechar políticamente el tema del Esequibo en 2024. Además, señalan que estas acciones podrían ser utilizadas en contra de Venezuela en el juicio que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899.
Lauren Caballero afirma que estos anuncios demuestran la falta de disposición del gobierno venezolano de someterse a la CIJ y descarta la posibilidad de una defensa jurídica en ese espacio el próximo año. Además, destaca que no está claro cómo el gobierno implementará ciertas medidas, como la creación de parques nacionales en territorio Esequibo, ya que necesita ejercer una soberanía que actualmente no tiene. También advierte que amenazar a las compañías trasnacionales para que abandonen la zona en tres meses parece poco realista debido al peso de estas empresas, que incluyen a potencias mundiales como China.
Empresas como Odebrecht de Brasil, Guyana Goldfield de Canadá, China National Offshore Oil Company, Shell británica, CGX de Canadá y Anadarko y ExxonMobil de Estados Unidos operan en el territorio Esequibo. El gobierno venezolano ha denunciado que estas empresas no solo afectan el área marítima en disputa, sino también aguas reconocidas como venezolanas.
Lauren Caballero también plantea la posibilidad de que, al llegar a los tres meses y si ExxonMobil no se retira, el gobierno de Maduro tome medidas contra Chevron, que explota petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sin embargo, señala que esto es poco probable ya que el gobierno venezolano necesita los recursos y que se siga incrementando la producción.
Por otro lado, Mariano de Alba destaca que ninguna de las medidas anunciadas por Maduro prevé una ejecución en el territorio en disputa con Guyana por el momento. Sin embargo, señala que lo que más preocupa a Guyana es el plazo de tres meses para que las empresas se retiren de la zona y dialoguen con el gobierno de Maduro. Guyana ha anunciado que acudirá nuevamente a la CIJ para solicitar nuevas medidas provisionales contra Venezuela y llevará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En cuanto a la posibilidad de una escalada mayor, Caballero considera que las acciones simbólicas, como el nuevo mapa venezolano sin las rayas en la zona en reclamación, no tienen un control efectivo del territorio. Además, destaca que esto podría entorpecer cualquier defensa que Venezuela pueda hacer frente a la CIJ si decide mantenerse en el juicio. Por otro lado, advierte que Venezuela debe presentar en abril su contramemoria ante la CIJ y que no hay un cronograma electoral claro para las presidenciales de 2024. Esto podría indicar que el gobierno está manipulando los tiempos para aprovechar políticamente la situación.
En resumen, los anuncios realizados por el gobierno venezolano en relación al Esequibo generan más dudas que certezas y podrían ser utilizados en su contra en el juicio que se lleva a cabo en la CIJ. Expertos señalan que estas medidas son simbólicas y no tienen un control efectivo del territorio en disputa. Además, plantean la posibilidad de que el gobierno esté utilizando esta situación para obtener beneficios políticos.
