El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y ha dado un plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país. La decisión se tomó alegando que la oficina se inmiscuyó en asuntos internos al cuestionar el papel de la justicia en los últimos días tras la detención de Rocío San Miguel.
El canciller Yván Gil, en una rueda de prensa el jueves 15 de febrero, expresó que «vemos a la oficina muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún estado es tolerable». Además, acusó a los funcionarios de la ONU en el país de ser «una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana» y de proteger a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela.
El canciller también cuestionó que la oficina no se pronuncie sobre los intentos de conspiraciones que ha denunciado el Ministerio Público desde enero pasado, ni mencione las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países contra el gobierno de Maduro. Gil afirmó que la suspensión de la cooperación y el funcionamiento de la oficina es una decisión administrativa debido a que esta se ha desviado de su mandato.
La medida se produce después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH denunciara la desaparición forzada de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. La activista estuvo desaparecida desde su detención el 9 de febrero hasta su presentación en tribunales, donde no se le permitió tener representación legal privada.
El gobierno de Maduro ha dado un plazo de 72 horas a los funcionarios de la ONU para abandonar Caracas y ha anunciado que revisará los mecanismos de cooperación de la oficina en los próximos 30 días.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH se instaló en Venezuela en septiembre de 2019, bajo el mandato de Michelle Bachelet, mediante un acuerdo de cooperación técnica. Sin embargo, el gobierno chavista amenazó con romper el vínculo con esta instancia en octubre de 2023, después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendiera el trabajo de la Misión Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela. En ese momento, expertos en derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de cerrar un canal directo para elevar denuncias contra la violación de las garantías fundamentales de la población venezolana.
El gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que afirmó que la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela y ha destacado que mientras el Ministerio Público investiga supuestos ataques contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, la oficina de la ONU no ha dicho nada al respecto. El texto del comunicado también acusó a la oficina de mentir, falsificar información y manipular los hechos para agredir la soberanía y autodeterminación del país.
En resumen, el gobierno de Nicolás Maduro ha suspendido las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y ha dado un plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país. La decisión se toma luego de que la oficina cuestionara el papel de la justicia tras la detención de Rocío San Miguel. El canciller Yván Gil acusó a la oficina de ser una caja de resonancia de la oposición y de proteger a personas que han intentado subvertir el orden constitucional. La medida ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos, ya que cerraría un canal directo para elevar denuncias contra la violación de las garantías fundamentales en Venezuela.
