El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, ha rechazado el uso del término \»desaparición forzada\» en el caso de la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco familiares, cuatro de los cuales ya han sido excarcelados. Saab argumenta que la detención de San Miguel y sus allegados no cumple con las características de una desaparición forzada, ya que se informó oficialmente sobre la orden de captura en su contra emitida el 22 de enero.
A pesar de esta negativa, el equipo legal de San Miguel y expertos en derechos humanos continúan denunciando que se mantiene incomunicada en El Helicoide, custodiada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su situación es similar a la de su expareja, el militar retirado Alejandro González, recluido en la Dgcim.
Según el abogado experto en derecho internacional, Simón Gómez Guaimara, la desaparición forzada ocurre cuando una persona es capturada por agentes del Estado con el propósito de sustraerla de la protección de la ley y se niega a revelar su paradero. En el caso de San Miguel, su detención fue informada por el fiscal general pasado el plazo de 48 horas para presentarla a tribunales, y se tardó más de 5 días en dar a conocer su ubicación.
Expertos señalan que esta situación constituye un caso de desaparición forzada de corta duración, que ha sido identificado como una forma de intimidación a la disidencia política. La falta de información sobre el paradero y el estado de salud de San Miguel y sus familiares ha generado preocupación en la comunidad internacional.
Desde la ONG Acceso a la Justicia se destaca que la actuación del fiscal no ha garantizado el respeto al debido proceso ni ha prevenido la tortura, otro crimen de lesa humanidad. La defensa de San Miguel ha sido limitada y se ha impuesto un defensor público en su caso.
Abogados y activistas de derechos humanos han denunciado la situación ante instancias internacionales, instando a que se respeten los derechos fundamentales de las personas detenidas y se evite cualquier forma de violencia o maltrato.
En conclusión, la actuación del fiscal designado por la Constituyente de 2017 en el caso de Rocío San Miguel y sus familiares ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha levantado críticas sobre el respeto a los derechos humanos y al debido proceso en Venezuela.
