Hace doce días, Nicolás Maduro sufrió un revés en la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal con sede en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, al desecharse un recurso en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad. Se desestimó por unanimidad la apelación y se confirmó la “decisión por la que se autoriza la reanudación de la investigación” conocida como “Venezuela I”, que abrió el fiscal británico Karim Khan en noviembre de 2021.
En el marco de esa indagatoria, representados por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, la familia de Ronald Ojeda concretó este martes la entrega todo lo recopilado hasta ahora sobre el crimen del refugiado venezolano.
En diálogo con La Tercera desde La Haya, Manríquez confirmó que ingresó los antecedentes para que la fiscalía de la CPI analice si el secuestro y homicidio del exmilitar disidente puede ser considerado en una de las líneas investigativas del caso que apunta a “la acción extraterritorial de agentes del Estado, en razón de una política sistemática de eliminación de opositores”.
“Esperamos que, cumpliéndose los criterios, la Corte, que no ve casos individuales, sino que se dedica a la macrocriminalidad, incorpore este caso como un ejemplo más del uso de una política sistemática. Le va a corresponder a la fiscalía. Nosotros vamos a seguir actuando de manera objetiva”, manifestó el abogado que desde hace unos años representa a exmagistrados del TSJ venezolano ante la Corte Penal Internacional.
Ronald Leandro Ojeda Moreno escapó del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde de Venezuela en noviembre de 2017. Llegó a Chile al año siguiente y accedió a la calidad de refugiado en noviembre de 2023. En enero de este año se informó que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte a Nicolás Maduro.
La madrugada del miércoles 21 de febrero fue sacado de su hogar, en el piso 14 de un edificio de Independencia, por sujetos que irrumpieron caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones. El viernes 1 de marzo su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, al interior de una toma de terreno de Maipú. Tenía 32 años y un hijo de seis.
En el funeral, su viuda insistió en la hipótesis de un móvil político y apuntó directamente al régimen venezolano.
La investigación del caso en Chile está a cargo del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros Vásquez, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la región.
Tres de los participantes del crimen fueron identificados y los tres estarían relacionados con el Tren de Aragua, una banda criminal internacional de origen venezolano: un adolescente de 17 años que quedó en internación provisoria tras su formalización y otros dos sujetos por los que se emitió una orden de detención y se sospecha que están fuera del país.
