El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo este martes a favor del estado de Texas, permitiéndole la implementación de una ley que autoriza a la Policía a detener y deportar a migrantes sospechosos de ingresar de manera irregular a Estados Unidos.
Esta legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se continúa el proceso legal de una demanda presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden y diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El caso llegó al Tribunal Supremo después de una batalla legal protagonizada por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes, liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quienes argumentan que la ley es inconstitucional.
Los demandantes solicitaron al Supremo que detuviera la aplicación de la medida mientras se resolvía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El día anterior, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de manera indefinida hasta que se decidiera sobre esta solicitud.
Este martes, los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en vigencia mientras se espera una decisión final en el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, elogió la decisión del Tribunal en un mensaje en redes sociales. “Texas ha superado las objeciones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, destacó, señalando que la ley ya está en efecto.
La ley, considerada una de las más drásticas en la historia de Estados Unidos en contra de la inmigración, convierte en un delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado. Además, establece que la reincidencia en este delito puede ser castigada con hasta 20 años de prisión.
Además, la normativa autoriza a la Justicia estatal a ordenar la deportación de individuos sin necesidad de un proceso legal. Asimismo, otorga a los oficiales de policía la facultad de arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado ilegalmente al país, pudiendo expulsarla a México sin necesidad de realizar un arresto.
Originalmente, la ley, impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero fue bloqueada por un juez federal a solicitud de los demandantes.
Ante esto, el fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó el caso al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, lo que motivó a los demandantes a recurrir al Tribunal Supremo para evitar la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, la moción de emergencia fue denegada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión del Tribunal como “decepcionante” y reafirmó el compromiso de seguir luchando contra esta ley que considera una amenaza para la integridad de las leyes de inmigración y los principios fundamentales del debido proceso en el país.
Con información de Efecto Cocuyo
