Monsalve y De la Fuente bajo examen: Contraloría pide informe a subsecretarías del Interior y RR.EE. por legalidad de convenio con Venezuela.
El convenio de colaboración en materia de seguridad que suscribieron en enero pasado Chile y Venezuela sigue trayendo repercusiones para la administración del Presidente Gabriel Boric.
Es que a pesar de la defensa que han hecho las autoridades nacionales del mismo y a que éste aún no se encuentra activo -puesto que Venezuela aún no nombra el representante que estará a la cabeza de ejecutarlo-, las dudas sobre su legalidad persisten. Sobre todo, indican parlamentarios de oposición, tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
De hecho, recientemente la contralora Dorothy Pérez pidió informe a los subsecretarios del Interior y Relaciones Exteriores, Manuel Monsalve y Gloria de la Fuente, respectivamente, a fin de pronunciarse sobre la materia.
La solicitud en cuestión se da luego de que la diputada Gloria Naveillán (IND) oficiara a Contraloría para que iniciara un procedimiento administrativo a efectos de determinar la legalidad de la medida. Pidió, en ese sentido, que se revisarán las temáticas que el acuerdo aborda, su amplitud, plazos de aplicación, y si la autoridad se encuentra facultada para su suscripción.
Lo anterior, de acuerdo con lo expresado por la parlamentaria, está dado “por las legítimas dudas que se presentan en esta Cámara de Diputados respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo para la suscripción de dicho acuerdo sin la rarificación de otro poder del Estado, tal como ocurre con la suscripción y ratificación de Tratados Internacionales”.
Así, Contraloría decidió ahondar en el asunto. “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, sirva informar a este Organismo Contralor al tenor de lo expuesto por el recurrente, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”, se lee en el oficio enviado por Pérez tanto a Monsalve como a De la Fuente.
Agrega, en la misma línea, que dicho informe “debe ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.
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Consultados sobre la petición, desde la Subsecretaría del Interior indicaron que la respuesta ya fue remida a la entidad. Desde la Cancillería, en tanto, manifestaron que “se está preparando una respuesta, la que se entregará dentro de los plazos establecidos”.
