Desde enero de 2019, cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino de la Asamblea Nacional (AN), se ha mantenido en vilo la posibilidad de represalias por parte del gobierno de Nicolás Maduro, conocido por su histórica represión durante las manifestaciones de 2014 y 2017.
En el transcurso de su mandato hasta su exilio forzado en Estados Unidos en abril de 2023, Guaidó, líder de Voluntad Popular (VP), evitó ser detenido. Sin embargo, la policía política del gobierno (Sebin) lo mantuvo bajo constante vigilancia, deteniendo a sus colaboradores y dirigentes de otros partidos políticos que lo respaldaban.
Este patrón se repite con María Corina Machado, otra destacada líder opositora. A pesar de no ser arrestada, se encuentra amenazada y ha debido denunciar la detención de dirigentes de Vente Venezuela, así como de la Plataforma Unitaria Democrática, enfrentando la posible encarcelamiento del candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Desarticulación y desmovilización
El equipo cercano a Machado en Vente Venezuela ha sufrido duramente con las detenciones y persecuciones. Solo en agosto, varios miembros fueron arrestados, denunciando organizaciones de derechos humanos y la CIDH la arbitrariedad de estos actos.
El consultor político Luis Toty Medina Gil señaló que el gobierno busca desmoralizar y desmovilizar a la oposición mediante estas detenciones, siguiendo un patrón ya utilizado anteriormente.
“Trituradora de liderazgos opositores”
La jefa de campaña de Machado, Magalli Meda, junto a otros miembros de Vente Venezuela, se han refugiado en embajadas tras la solicitud de órdenes de captura en su contra. También se han reportado detenciones de dirigentes de otros partidos de la PUD.
Desafíos
La detención de líderes opositores como Machado sigue siendo una posibilidad, dependiendo de la estrategia de movilización y resistencia que pueda implementar. La dinámica política en Venezuela ha demostrado ser implacable con los líderes opositores, llevándolos de la adoración a la marginación en poco tiempo.
“Represión brutal”
La represión postelectoral en Venezuela ha sido calificada como “brutal” por organizaciones de derechos humanos, con reportes de asesinatos y detenciones arbitrarias. La CIDH ha denunciado estos actos como “terrorismo de Estado”.
