La Justicia de Argentina y Venezuela ha emitido órdenes de detención mutuas contra los presidentes de ambos países, Javier Milei y Nicolás Maduro, respectivamente. Sin embargo, expertos consideran que estas medidas tienen pocas posibilidades de prosperar en el corto plazo. A pesar de ello, la orden contra el mandatario venezolano podría ser una «anticipación» al basarse en presuntos crímenes de lesa humanidad.
Según Simón Gómez, abogado especializado en derecho internacional, para que estas órdenes prosperen, las personas deben ser puestas a disposición de los tribunales argentinos, lo que implicaría una captura. En el caso de Maduro, una detención en este momento no es viable a menos que el mandatario viaje a un tercer país que sea parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La orden de detención contra Maduro se origina en una causa abierta por una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Esta denuncia se basa en el principio de justicia universal, que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido.
Por otro lado, la Fiscalía de Venezuela solicitó a la Interpol una «alerta roja» contra Milei por presuntos delitos relacionados con un avión venezolano-iraní que estuvo en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero. Sin embargo, expertos como Simón Gómez consideran que la acusación es infundada, ya que la situación con el avión no es atribuible al poder Ejecutivo, sino al Judicial.
Trazar un camino
Waldo Wolff, presidente del FADD, mencionó en una conferencia de prensa que las detenciones de funcionarios venezolanos no se realizarán de manera inmediata, pero que comienza a trazarse un camino en este sentido. Por su parte, Gómez señaló que la decisión del juzgado argentino guarda relación con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Venezuela, enfocada en crímenes de lesa humanidad.
Acusación «infundada»
La solicitud de alerta roja contra Milei por parte de la Fiscalía venezolana ha generado controversia, ya que se considera que la acusación carece de fundamento. En este sentido, Gómez destaca que la situación del avión venezolano-iraní no puede atribuirse al poder Ejecutivo, lo que cuestiona la base de la solicitud de detención.
