El gobierno oficialista de Nicolás Maduro ha entregado armas a trabajadores públicos de al menos 31 empresas estatales y a milicianos, días antes de la cuestionada investidura del mandatario. Esta acción podría ser interpretada como un intento de expandir el ejército civil, evidenciando una posible pérdida de influencia del régimen sobre los colectivos.
La entrega de armas, realizada el 8 de enero a miembros de ministerios, Corpoelec y empresas expropiadas por el gobierno, fue precedida por un acto similar con el Movimiento de Pequeños Agricultores en los estados de Lara y Yaracuy. Este movimiento fue liderado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Según un análisis de InSight Crime, esta dotación de armamento se enmarca en una estrategia represiva destinada a prevenir levantamientos sociales y consolidar el control político de Maduro durante los próximos seis años. Asimismo, la entrega de armas a grupos estatales y comunitarios sugiere que los colectivos, utilizados como herramienta paramilitar, están adquiriendo mayor independencia.
Algunos de los colectivos han evolucionado hacia actividades comerciales, mientras que muchos de sus miembros han emigrado debido a la crisis económica de 2017. Aquellos que permanecieron colaborando con el gobierno han sido autorizados para controlar la distribución de alimentos subsidiados, gas doméstico y gasolina, al tiempo que participan en actividades ilícitas como la extorsión, robos, secuestros y microtráfico.
Entrevistas realizadas por InSight Crime revelan que colectivos como La Piedrita, Alexis Vive, Tres Raíces y Oswaldo Arenas han logrado establecer empresas gracias al financiamiento gubernamental. Estas organizaciones han desarrollado cooperativas de alimentos, paradores turísticos, locales de comida y casinos en Caracas y el estado Miranda.
Actualmente, gran parte del personal que los colectivos exhiben en eventos políticos es contratado, de acuerdo con testimonios recopilados por InSight Crime. Esta tendencia sugiere una mayor autonomía de los colectivos y un posible debilitamiento del control ejercido por el gobierno sobre ellos.
