La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela de la ONU ha emitido una advertencia sobre el aislamiento progresivo del país y el cierre de espacios de diálogo con la comunidad internacional. Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha destacado que el régimen de Nicolás Maduro ha incumplido sus compromisos en materia de derechos humanos y ha evitado la cooperación con organismos multilaterales.
Según Valiñas, Venezuela ha reducido su participación en instancias internacionales y ha debilitado sus relaciones con países como Brasil y Colombia, que históricamente habían sido aliados cercanos. El gobierno venezolano se ha cerrado cada vez más al diálogo con estos actores y también con la Unión Europea.
La actitud hostil del régimen hacia altos funcionarios de la ONU ha aumentado la vulnerabilidad de la población venezolana. Valiñas denunció que el presidente Maduro y otros miembros de su círculo han insultado en repetidas ocasiones al secretario general de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
A pesar de la resistencia del régimen a permitir el ingreso de la misión, Valiñas afirmó que continúan recabando información a través de organizaciones de derechos humanos dentro del país y de testimonios de exiliados. La experta señaló un aumento en las detenciones arbitrarias en Venezuela, afectando a defensores de los derechos humanos como Carlos Correa, Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes han sido encarcelados por simplemente realizar su trabajo.
Ante este panorama, la misión de la ONU sobre Venezuela ha instado a la comunidad internacional a apoyar a la sociedad civil venezolana y garantizar que los responsables de violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. La Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación sobre los crímenes cometidos en el país con el objetivo de lograr la rendición de cuentas.
En octubre, la ONU renovó el mandato de la misión por dos años más, con el propósito de documentar hechos recientes y analizar la responsabilidad de las autoridades estatales en violaciones de derechos humanos. Esta situación evidencia la importancia de mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro para proteger los derechos fundamentales de la población venezolana.
