En Venezuela, durante el mandato de Nicolás Maduro, se han detenido a 37 dirigentes y activistas políticos, según datos proporcionados por Foro Penal. Estas detenciones han afectado específicamente a líderes vinculados a partidos de oposición, desde el 19 de marzo de 2014 hasta el 2 de diciembre de 2023.
Recientemente, la Plataforma Unitaria denunció las órdenes de arresto solicitadas contra los miembros de Vente Venezuela: Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviarez, como una nueva ola represiva en el país. Aunque el Ministerio Público implica a estas personas en la presunta comisión de delitos como conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir, es evidente que son colaboradores cercanos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
Machado ha denunciado que esta decisión busca sembrar miedo en las filas de su partido y desarticular el movimiento ciudadano que están construyendo. Sin embargo, ella ha respondido a las órdenes de arresto afirmando que, en lugar de generar miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, sucederá lo contrario.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las detenciones arbitrarias en Venezuela siguen un patrón común. Estos patrones incluyen detenciones sin órdenes judiciales, desapariciones forzadas después del arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad, limitaciones al acceso a la defensa, uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación y el uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo, entre otros.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que recibe el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha determinado que existen motivos suficientes para creer que se han cometido actos de tortura y malos tratos contra los detenidos por sus actividades sindicales, derechos humanos, denuncias de corrupción y activismo político, entre otros.
Esta misión también ha observado una dimensión de género en los ataques y el acoso en el ámbito político. Destacadas mujeres políticas venezolanas han denunciado la prevalencia de una cultura de violencia contra las mujeres en el ámbito público, que limita su participación en la política.
Además, la misión advierte que el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a personas críticas u opositoras al gobierno. El Estado utiliza el sistema de justicia penal para silenciar y castigar la crítica y la oposición, imputando delitos de manera arbitraria y sometiendo a las personas a juicios prolongados con violaciones al debido proceso.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha registrado una lista de dirigentes políticos que han sido objeto de distintas medidas desde 2017. Entre los casos documentados se encuentran políticos presos actualmente, ex presos pertenecientes a organizaciones políticas y exiliados. Estas medidas han incluido prisión, inhabilitación y exilio.
En resumen, las detenciones de dirigentes y activistas políticos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro continúan aumentando. Estas detenciones arbitrarias, junto con la represión selectiva de actores de la sociedad civil y líderes políticos, han generado preocupación a nivel nacional e internacional.
