Cuarto año legislativo extendido: opacidad y reformas en la oposición venezolana
En una sesión a puerta cerrada, sin acceso de la prensa y mediante la plataforma Zoom, los parlamentarios de 2015 aprobaron el «cuarto año legislativo extendido» de la instancia opositora. La falta de transparencia impidió verificar si se cumplió el quórum mínimo reglamentario de 84 diputados y conocer quiénes votaron a favor de la prórroga.
La junta directiva, encabezada por Dinorah Figuera como presidenta, Marianela Fernández como primera vicepresidenta y Auristela Vásquez como segunda vicepresidenta, fue ratificada en la sesión. Esto significa que los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática continúan liderando esta instancia.
Marco Aurelio Quiñones, dirigente de Voluntad Popular, expresó la necesidad de que la junta directiva fuera «variopinta», aunque su partido respaldó la decisión de extender el cuarto año legislativo. Además, instó a recurrir a los 60 países que apoyaron al extinto gobierno interino de Juan Guaidó para aumentar la presión internacional a favor de elecciones libres en Venezuela.
La extensión de esta instancia opositora fue justificada por Dinorah Figuera como necesaria para la preservación de los activos y la conducción del camino electoral. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la legitimidad y legalidad de esta asamblea «extendida». Figuera destacó que una vez que se designe a María Corina Machado como presidenta de la República, el objetivo principal será la unidad superior y la convocatoria a elecciones parlamentarias para renovar todos los parlamentarios y fortalecer las instituciones del poder venezolano.
Cuarto año legislativo con opacidad
No solo se aprobó el cuarto año legislativo extendido en una sesión privada sin acceso a la prensa, sino que también se reformó la Ley del Estatuto para la Transición para prorrogar hasta enero de 2025 el funcionamiento de esta instancia. Aunque simbólica, la asamblea opositora tiene control sobre recursos del Estado venezolano y la autorización para la continuidad de organismos como el Consejo para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia, la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela y la junta de administración ad hoc de PDVSA.
Según el Estatuto de la Transición, la asamblea también tiene la función de tramitar la cooperación financiera internacional para la transición democrática y la reversión de la emergencia humanitaria en Venezuela.
