La activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, según denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores de Venezuela. Desde entonces, su familia desconoce su paradero.
La detención de San Miguel ha generado una fuerte reacción por parte de diversas organizaciones. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha exigido su liberación inmediata, destacando que San Miguel es una destacada experta en temas de seguridad y defensa. Por su parte, la ONG Provea también ha exigido su libertad y ha denunciado que esta detención forma parte de la persecución contra aquellos que defienden y ejercen derechos en el país.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha señalado que esta detención se enmarca dentro de un patrón de criminalización, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y la sociedad civil en general. Además, ha destacado que esta situación se agrava en contextos electorales, como el actual, en referencia a las próximas elecciones presidenciales.
Los partidos políticos Primero Justicia y Encuentro Ciudadano también han rechazado esta detención y han hecho un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena ante este hecho.
Esta detención se produce después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por su presunta implicación en planes conspirativos, y de que las autoridades aprehendieran a tres colaboradores de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, acusados de formar parte de una conspiración.
En diciembre pasado, más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitaron a la ONU que monitoreara la situación de libertades democráticas y derechos humanos en Venezuela, y que se pronunciara sobre este asunto ante los próximos períodos electorales, en los que se espera un aumento de la represión y persecución.
