El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha denunciado una escalada de persecución y hostigamiento contra trabajadores públicos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En una rueda de prensa, la dirigente del PCV, Jaqueline López, reveló que en las últimas dos semanas se han producido despidos abiertos y simulados en instituciones públicas y empresas estatales.
«Los trabajadores que han expresado su rechazo a la gestión antiobrera y antipopular del Gobierno de Nicolás Maduro, y que además tienen dudas sobre los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, están siendo amenazados y perseguidos en sus lugares de trabajo», detalló López.
Despidos en Corpoelec, Pdvsa y hospitales
«Tenemos información sobre despidos ilegales y renuncias forzadas en Pdvsa, Corpoelec y el sector de la salud», añadió la dirigente comunista.
López también informó que varios trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) fueron despedidos por motivos políticos en los últimos días.
Además, aseguró que «las prácticas de acoso laboral se han intensificado en espacios de trabajo relacionados con la educación, así como en Gobernaciones y Alcaldías».
López afirmó que esta escalada del Gobierno contra los trabajadores «agrava la represión contra los sectores populares que se ha registrado desde las elecciones».
El PCV también se hizo eco de organizaciones no gubernamentales que han documentado más de 1.500 detenciones después de las elecciones, incluyendo 200 mujeres y 129 adolescentes.
«Estamos presenciando una represión masiva contra sectores vulnerables, mientras que la persecución contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales continúa», señaló.
Consolidación del autoritarismo
Respecto a la reciente aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, el PCV aclaró que no respaldó este proyecto promovido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) porque «contribuye a la consolidación del modelo autoritario liderado por el gobierno de Nicolás Maduro y sus seguidores».
«Esta nueva ley limita el derecho de asociación de los ciudadanos venezolanos, contraviniendo la disposición constitucional que obliga al Estado a facilitar el ejercicio de este derecho», afirmó López.
«Aunque es cierto que el imperialismo ha utilizado ONGs como fachada para sus intereses, también es cierto que muchas de estas organizaciones son la base organizativa de importantes sectores de la sociedad civil», agregó.
López advirtió que «muchas causas nobles y actividades de la sociedad civil organizada se verán afectadas por la burocracia oficial de controles, fiscalización, multas y auditorías impuesta por el Ministerio del Interior y Justicia».
