Estados Unidos impuso sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa y otras tres personas, según informó este jueves el Departamento del Tesoro en su portal oficial.
EEUU aumenta la presión sobre Cuba al sancionar a Miguel Díaz-Canel
Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, quien se desempeñó como asesor de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba y participó en el histórico encuentro entre su padre y el expresidente estadounidense Barack Obama en La Habana en 2016.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó en su lista a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario cubano, quien reside en Madrid. Asimismo, fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.
La administración de Donald Trump extendió las sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de organizaciones comunitarias creada para respaldar la estructura política del país.
El listado se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.
Las medidas implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Las sanciones fueron anunciadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que amplía las restricciones contra la isla.
En contexto
Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al expresidente cubano Raúl Castro por cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
El caso incluye también a varios exfuncionarios y militares cubanos señalados por su presunta participación en el ataque del 24 de febrero de ese año, cuando dos aeronaves civiles fueron derribadas.
“Más de tres décadas después, estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.
Blanche aseguró además que, por primera vez en casi 70 años, altos funcionarios del gobierno cubano fueron acusados en Estados Unidos por presuntos hechos de violencia que derivaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
“El presidente Trump y este Departamento de Justicia están comprometidos a restablecer un principio fundamental: si matan a estadounidenses, los perseguiremos. Sin importar quiénes sean. Sin importar el cargo que ostenten”, afirmó.
Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios sobre el estrecho de Florida para localizar migrantes cubanos en peligro.
De acuerdo con las acusaciones, agentes de inteligencia cubanos lograron infiltrarse en la organización a comienzos de la década de 1990 y habrían suministrado información detallada sobre las operaciones aéreas al gobierno cubano. Según el Departamento de Justicia, esos datos fueron utilizados posteriormente para planificar el operativo del 24 de febrero de 1996.
La acusación sustitutiva incluye cargos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, Raúl Castro y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez enfrentan hasta cinco años de prisión por cada cargo relacionado con destrucción de aeronaves, según indicó el Departamento de Justicia.
