Las inhabilitaciones políticas en Venezuela se han convertido en una práctica recurrente para eliminar a los competidores. Aunque Leopoldo López fue uno de los primeros dirigentes en ser inhabilitado en 2008, ha sido durante el gobierno de Nicolás Maduro que esta medida se ha vuelto una estrategia común. No solo se han impuesto inhabilitaciones a candidatos opositores, sino también a personas relacionadas con el chavismo o con antecedentes como aliados de figuras importantes en este sector.
La Contraloría General de la República (CGR) es el organismo encargado de imponer las inhabilitaciones en Venezuela. Sin embargo, según la ONG Acceso a la Justicia, estas medidas son utilizadas como un arma con fines electorales. Aunque en teoría las inhabilitaciones son sanciones administrativas impuestas por la CGR, el derecho a participar en elecciones solo puede ser restringido mediante una sentencia judicial firme.
En los últimos años, varios dirigentes venezolanos han sido inhabilitados. En 2008, Leopoldo López, uno de los líderes más populares de la oposición, fue inhabilitado por presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Chacao. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de López en 2011, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró la medida como «inejecutable». López estuvo preso hasta su fuga en 2019 y posteriormente se exilió en España.
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela y adoptó una política diferente. Durante las protestas de 2014, que estuvieron marcadas por la violencia y la represión, María Corina Machado fue inhabilitada por 12 meses, lo que facilitó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. En 2015, Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, fue arrestado y posteriormente inhabilitado por 15 años por supuestamente falsear información en su declaración jurada de patrimonio. Otros alcaldes también fueron inhabilitados, incluyendo a Ramón Muchacho, Jhonnathan Marín y Enzo Scarano. En 2017, Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, fue inhabilitado por 15 años por presuntos actos de corrupción durante su mandato.
Durante la crisis política de 2019, Juan Guaidó se convirtió en líder opositor y presidente encargado de Venezuela reconocido por varios países. Las autoridades chavistas buscaron frenar a Guaidó y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, lo inhabilitó por 15 años por usurpación de funciones públicas y la no justificación de los costos de traslado en avión. Además, otros 27 diputados también fueron inhabilitados.
En el marco de las elecciones regionales de 2021, Freddy Superlano ganó la gobernación de Barinas, pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender el conteo de votos y sentenció que Superlano no podía ocupar cargos públicos debido a una denuncia interpuesta por Adolfo Superlano. Aunque Freddy Superlano ya había sido indultado por Nicolás Maduro, la elección fue pospuesta y su esposa, Aurora Silva, quien fue postulada en su reemplazo, también resultó inhabilitada políticamente.
En Colombia, Gustavo Petro, actual presidente del país, ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá en 2011, pero fue destituido en 2013 por la Procuraduría General de la Nación debido a irregularidades en la recolección de basura. Petro interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló a su favor, pero el entonces presidente Juan Manuel Santos rechazó la decisión. Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que Petro fuera restituido en su cargo.
A diferencia de Venezuela, en Colombia las instituciones del país funcionaron para que Petro pudiera volver a su cargo y, después de años de lucha política, ganara la presidencia de la república.
