A pesar de las reiteradas denuncias de amenazas contra miembros de juntas regionales y voluntarios que trabajan en la organización de la primaria en las regiones, prevista para el 22 de octubre, el plan de formación de miembros de mesa ya ha comenzado en los estados.
El diseño de los talleres de formación está a cargo de la organización civil Súmate, dedicada a la veeduría electoral, cuyos técnicos trabajan junto con la Comisión Nacional de la Primaria, presidida por el abogado Jesús María Casal.
La Comisión Nacional informó el pasado 12 de septiembre que el personal voluntario ha dictado 60 talleres sobre aspectos técnicos del proceso electoral, en los que se han preparado a 162 formadores nacionales (primera etapa) y 1.847 facilitadores regionales (segunda etapa), en 23 estados. Los facilitadores son responsables de formar a los miembros de mesa (tercera etapa en proceso) en las regiones y a los testigos propuestos por las organizaciones políticas.
La formación incluye cómo votar, el registro de todo lo que ocurre en la mesa de votación y cómo hacerlo, levantar actas, llenado de planillas, reglas para el voto asistido, escrutinio, totalización y transmisión de resultados, entre otros aspectos.
Una fuente interna relacionada con el proceso de la primaria destacó el nivel de compromiso del voluntariado a pesar de las amenazas, que alertó, han arreciado en las regiones, especialmente contra los miembros de las juntas, para que desistan de colaborar.
«Todo va bien, en marcha, pese a los obstáculos. se está formando al personal necesario y reconforta ver lo animada y comprometida que está la gente con el proceso, sin esperar ningún estipendio a cambio. Que haya organizaciones de la sociedad civil colaborando, eso indica que hay un cambio sustancial y que la gente está dispuesta a seguir», resaltó la fuente que pidió el anonimato.
¿Cuáles son las presiones?
Se estima que para la realización de la primaria se requieren 52.213 voluntarios dentro del país. Un número de dicha cifra asumiría como miembros de mesa, tres miembros principales y seis suplentes por cada una de las 5.133 mesas de votación. Esto implica adiestrar a 46.197 personas.
Adicionalmente, en cada centro electoral deben habilitar a un coordinador y a un monitor, lo que supone contar con 6.016 voluntarios en 3.010 centros de votación que se habilitarán.
Cada organización política que participa y apoya en el proceso de primaria ha puesto a disposición de la comisión un número de miembros de mesa, testigos y demás voluntarios para cubrir los requerimientos de personal del proceso.
Voluntad Popular, por ejemplo, informó que dispondrá de 11.000 testigos y 4.000 miembros de mesa para la primaria, de acuerdo con su dirigente nacional, Lawrence Castro.
De acuerdo con el cronograma electoral, hasta el 15 de octubre la Comisión debe elaborar y entregar las acreditaciones a los miembros de mesa, testigos, monitores, coordinadores y personal de apoyo en los puntos de votación.
Este 20 de septiembre, la Plataforma Unitaria denunció presiones contra juntas regionales conformadas por 240 ciudadanos. Pese a ello, el secretario ejecutivo de la Plataforma, Omar Barboza, aseguró que la primaria «tiene buena salud».
Dichas presiones, de acuerdo con la fuente interna, son materializadas con visitas de comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en los domicilios y amenazas de investigaciones penales e inclusos contra sus familias.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello anunció una investigación de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de 2020 por el financiamiento que estaría recibiendo la primaria. También ha insistido en que hay renuncias de los jefes de las juntas regionales por no estar de acuerdo con el proceso.
Hasta ahora han renunciado los miembros de las juntas de Yaracuy, Falcón y Cojedes. El presidente de la junta de este último estado, José Gregorio Landaeta, presentó este 20 de septiembre su renuncia por «motivos técnicos, falla humana y logísticos» y por considerar que la elección «no es incluyente». Llamó a no «dejar solos» a los integrantes de dichas instancias en la organización del proceso.
