El acuerdo político de Barbados establece que la elección presidencial se realizará en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, no fija una fecha exacta, lo que es crucial para el cumplimiento de las garantías electorales ahí contenidas.
No obstante, las declaraciones de actores políticos ubican los comicios para octubre. La primera en hacerlo fue la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, quien dijo en rueda de prensa que “los próximos 12 meses serán de un trabajo sin descanso”, dando a entender que las presidenciales se efectuarán a finales del segundo semestre.
Días después, uno de los integrantes de la delegación opositora para la negociación, Luis Emilio Rondón, fue más específico y, en entrevista concedida a Venevisión, manifestó: “Creo que está muy cerca del día de la raza, el 12 de octubre”. La periodista le inquirió si el día exacto era el 13 de octubre, segundo domingo del mes, y el político no lo negó.
¿Por qué la fecha es determinante para que se cumplan las garantías electorales?, expertos responden a Efecto Cocuyo.
Presidenciales con garantías
Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, afirmó que “mientras más cerca esté la elección de julio, menos oportunidad habrá de ejecutar todas las garantías que están en el acuerdo”.
Explica que si la elección se fija para julio, el Registro Electoral debe cerrar en febrero; es decir, solo se tendrían cuatro meses para actualizar el padrón de votantes dentro y fuera del país, lo que haría prácticamente imposible abarcar a los millones de venezolanos que están rezagados.
Organizaciones como Súmate estiman que hay aproximadamente 6 millones de venezolanos en el país que necesitan inscribirse o actualizar sus datos en el RE para poder votar. En el exterior calculan que hay por lo menos 4 millones en la misma situación.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales contempla, en su artículo 35, que a los efectos de la celebración de un proceso electoral, el CNE tomará como RE preliminar el corte de la data publicada dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria del proceso.
Si la elección se convoca en enero de 2024 (con seis meses de antelación, como establecía la legislación electoral anterior) y se fija para julio, el corte utilizado sería el de febrero, como apunta Martínez, y dejaría apenas cuatro meses para incorporar a más electores.
“Para el gobierno venezolano sería sencillo decir que cumple con el acuerdo simplemente abriendo un periodo especial para la inscripción de venezolanos ante embajadas y consulados. Pero los efectos prácticos de esto van a ser poco significativos”, agregó.
El periodista tomó como referencia los datos de la Organización Internacional de Migraciones, según los cuales 3 millones de venezolanos en el exterior necesitan actualizar su centro de votación para afirmar que “es materialmente imposible que todas estas personas pasen por 120 misiones consulares, que es lo que tiene Venezuela en el extranjero”.
Otro punto sensible es la observación electoral internacional, Martínez recordó que el Estado venezolano debe suscribir un memorándum de entendimiento con cada una de las misiones y la forma cómo se redacte este compromiso es lo que va a determinar si la observación va a cumplir con estándares internacionales o no.
Además, este tipo de observación requiere tiempo. En el caso de la ONU, por ejemplo, el organismo suele hacer una evaluación conducida por la División de Asistencia Electoral (DAE). El coordinador de la DAE luego determina si la ONU debe prestar apoyo y de qué tipo.
La Unión Europea ha solicitado al Estado venezolano seis meses para organizar una misión de observación electoral en procesos anteriores.
Elección en octubre, el escenario conveniente
“El atropello, en términos de apurar los procedimientos, conspira contra la democracia. Eso siempre ha sido así. Desafortunadamente, con la Constitución de 1999 y las leyes electorales que han venido después, se derogó una disposición que decía que la convocatoria de una elección tenía que hacerse con al menos seis meses de anticipación”, expuso el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander.
La fecha ideal, a su parecer, es octubre porque permitiría tener tiempo suficiente para preparar la elección y para garantizar un periodo de transición entre el presidente electo y el presidente encargado en caso de que gane una opción distinta a la que actualmente gobierna desde Miraflores.
Pese a esto, Lander opina que hay tiempo suficiente para que, aun haciéndose las presidenciales en julio, pudiesen llevarse a cabo con razonables garantías.
“Pero por supuesto que mientras más tiempo haya, más posibilidades habrá de cumplir con las garantías”, comentó.
El acuerdo político representa un avance, en el sentido de que disipa los rumores de un adelanto de la elección. Sin embargo, la judicialización de la primaria es una señal que apunta a que se “comienza a torpedear” lo firmado en Barbados, según el experto electoral.
La inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado sigue siendo el principal obstáculo para que las presidenciales sean realmente elecciones libres.
Lander evalúa la actualización del RE como la garantía que más tiempo requeriría: “Es lo más complicado en cuanto a tiempo e infraestructura puesta al servicio de los electores para que se puedan inscribir o actualizar sus datos. En el exterior, la infraestructura diplomática que tiene Venezuela es insuficiente para atender el volumen de venezolanos”.
Para hacer frente al rezago que hay en el país, recomienda parroquializar los puntos del RE (aproximadamente unos 1.500) y dedicar de seis a ocho meses para realizar las jornadas especiales.
Le recomendamos dar clic aquí para leer el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales suscrito en Barbados.
