Distintos voceros de la Casa Blanca han reiterado que el gobierno de Nicolás Maduro debe iniciar un proceso para la rehabilitación de los candidatos y las candidatas que estén impedidos de participar en las presidenciales de 2024 por motivos políticos, antes de que finalice noviembre. De lo contrario, se desmantelará el «alivio» de las sanciones que fue concedido, según el asesor del gobierno estadounidense, Juan González. «Podemos quitar las licencias generales en su totalidad, y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando y discutiendo con el Congreso», puntualizó esta semana el funcionario.
La fecha límite establecida por Estados Unidos para la rehabilitación de los candidatos también incluye la liberación de presos políticos y otras garantías electorales. Este llamado de atención se produce en el contexto del acuerdo político de Barbados, del cual se teme un posible incumplimiento. Según el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, Estados Unidos está dispuesto a retroceder en ciertos ofrecimientos si se incumple lo acordado. En este sentido, el gobierno venezolano está empezando a incumplir al abrir investigaciones contra la Comisión de Primarias y desconocer el resultado de una candidata que la oposición escogió en ese proceso.
En opinión del politólogo Pablo Andrés Quintero, las declaraciones de la Casa Blanca deben interpretarse como parte de los instrumentos de persuasión utilizados en una negociación, con el objetivo de generar presión para que se cumplan los acuerdos. Sin embargo, advierte que su efecto suele sobredimensionarse, ya que el gobierno de Maduro ha sobrevivido a las sanciones y amenazas anteriores. Según Quintero, el levantamiento de las inhabilitaciones será un proceso lento y difícil debido a las contradicciones internas que esto generaría en el oficialismo.
María Corina Machado, la ganadora de la primaria y candidata presidencial de la oposición, se encuentra inhabilitada. Levantar esta inhabilitación podría generar malestar en el oficialismo, ya que contradiría la narrativa oficialista que ha desestimado su participación. Por lo tanto, se considera delicado promover la expectativa de que el 30 de noviembre se dejarán sin efecto todas estas medidas.
Aunque un escenario de radicalización similar al de Nicaragua es improbable, según Alarcón, ya que Venezuela necesita el reconocimiento internacional para las próximas elecciones presidenciales. Además, el chavismo se beneficia de la negociación, la reapertura económica con Estados Unidos y la flexibilización de las sanciones.
El futuro de la negociación entre Estados Unidos y Venezuela dependerá de varios factores, como la flexibilización de las sanciones y los límites de este incentivo para el gobierno de Maduro. Según Alarcón, el gobierno intentará cumplir hasta cierto punto y luego tratará de levantarse de la mesa de negociación. Sin embargo, las circunstancias podrían cambiar y obligar al gobierno a aceptar las condiciones.
En cuanto a la habilitación de María Corina Machado, Quintero considera que condicionar el acuerdo a este aspecto sería un error estratégico por parte de la oposición. En su opinión, lo más importante del acuerdo de Barbados debería ser la liberación de los presos políticos y los norteamericanos detenidos en Venezuela, así como los asuntos económicos y el bienestar de la población.
En resumen, Estados Unidos ha reiterado su llamado a que el gobierno de Maduro inicie un proceso para la rehabilitación de los candidatos impedidos de participar en las presidenciales de 2024 por motivos políticos. De lo contrario, se desmantelará el «alivio» de las sanciones. El acuerdo político de Barbados está en riesgo de incumplimiento, lo que ha llevado a Estados Unidos a marcar una «línea roja». Sin embargo, el efecto de estas declaraciones en el gobierno de Maduro es incierto, ya que ha sobrevivido a las sanciones y amenazas anteriores.
