El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado de manera rápida a la decisión de la Unión Europea (UE) de prorrogar las sanciones contra funcionarios de su administración. Aunque la extensión de las sanciones es solo por seis meses en lugar del año habitual, Miraflores no lo ha tomado como una buena señal y ha determinado que el bloque europeo se ha «inhabilitado» para participar en procesos políticos en Venezuela.
Esta decisión implica que Maduro cierra la puerta a la misión de observación electoral de la UE y, por lo tanto, incumple el acuerdo político de Barbados que incluye la invitación a esta misión como parte de las garantías comprometidas. Según el doctor en ciencias políticas Carlos Romero y el internacionalista Félix Arellano, esto plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con lo acordado en Barbados y aleja la posibilidad de que se cumplan otras condiciones, como la habilitación de la candidata presidencial María Corina Machado.
Romero señala que la prórroga de las sanciones debe entenderse como un símbolo de la insatisfacción de la UE con los esfuerzos del gobierno de Maduro para crear mejores condiciones electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en lugar de ser un castigo prolongado a los dirigentes y funcionarios de Venezuela.
Por su parte, Arellano considera que el acuerdo de Barbados se está complicando por varias razones y que es acertado prorrogar las sanciones, ya que esto deja claro que son mecanismos de presión y no de perpetuidad. Además, destaca la coordinación entre la UE y la alianza trasatlántica, aunque teme que esta vinculación se debilite con la llegada de los republicanos al poder en Estados Unidos.
Ambos expertos resaltan que Maduro no obtendrá un «cheque en blanco» de la UE y que el gobierno también debe cumplir con sus compromisos, como la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones electorales competitivas. Sin embargo, cada vez se dificulta más la posibilidad de llevar a cabo elecciones libres y democráticas en el país.
En cuanto al acuerdo político recientemente firmado entre el chavismo y la oposición, Romero cree que tiene un 50% de probabilidades de ejecutarse y un 50% de incumplirse. Arellano advierte que si Miraflores no ve posibilidades de una negociación favorable, podrían abandonar la mesa en cualquier momento.
Aunque reconocen la importancia de la flexibilización de las sanciones y el acceso a recursos para el gobierno de Maduro, ambos expertos enfatizan que esto no garantiza que se cumplan los compromisos acordados.
