El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ha dado una nueva orden durante la sesión plenaria de este jueves. La orden consiste en identificar y ubicar a los diputados que votaron a favor de la continuidad del Parlamento opositor de 2015 durante la sesión de instalación del pasado 5 de enero. Además, se busca determinar si los partidos políticos a los cuales pertenecen avalaron esta acción, que Rodríguez considera un «delito».
Rodríguez expresó su deseo de conocer los nombres, apellidos, cédulas de identidad y residencia de todos los diputados que perpetraron el delito el 5 de enero de 2024. También instó a investigar si las juntas directivas de esos partidos aprobaron estas acciones, ya que considera que serían cómplices de dicho delito. Según Rodríguez, la Ley de Extinción de Dominio permite tomar medidas legales contra aquellos que roban recursos públicos, incluyendo a los testaferros que actúan en complicidad con los delincuentes.
La orden fue dirigida al primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien tiene una semana para presentar un informe a la directiva y a la plenaria. Esta solicitud fue hecha a petición del diputado José Brito, quien pidió poner fin a la impunidad en relación a la continuidad de la AN de 2015 y su manejo de activos en el exterior, que considera un robo.
Durante su intervención, Rodríguez también criticó a la diputada Dinorah Figuera, a quien acusó de usurpar un cargo público y de robar dinero de Citgo. Rodríguez cuestionó si el partido político al que Figuera pertenece la autorizó a llevar a cabo estas acciones y señaló la hipocresía de otros miembros del partido, como Henrique Capriles, quien habla sobre delitos relacionados con el ingreso de venezolanos, pero no exige que Figuera devuelva el dinero de Citgo para pagar a los trabajadores.
Rodríguez recordó la existencia de la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico Procesal Penal, los cuales deben ser aplicados contra aquellos que cometan delitos contra el patrimonio público. La continuidad de la AN de 2015, respaldada por una reforma del Estatuto de Transición, permite al parlamento conservar el control de activos en el exterior, como Citgo, con el respaldo de Estados Unidos.
Además de Figuera, Rodríguez también señaló a otros dirigentes políticos, como María Beatriz Martínez, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa, todos pertenecientes al partido Primero Justicia. También acusó a José Ignacio Hernández, exprocurador especial designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, de ser el autor intelectual del robo de Citgo. Rodríguez cuestionó por qué Hernández puede viajar libremente por el mundo sin tener una alerta roja en su contra y si posee propiedades en Venezuela. Asimismo, se preguntó si los partidos políticos que avalaron la continuidad de la AN de 2015 tienen derecho a participar libremente en elecciones en Venezuela.
Rodríguez advirtió que, de acuerdo con el acuerdo de Barbados firmado entre la delegación de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática, los integrantes del interinato y quienes continúen en el Parlamento opositor deberían devolver el dinero que obtuvieron indebidamente mediante la usurpación de funciones.
