La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha programado una audiencia para el martes 6 de febrero, en la cual se evaluará una demanda presentada contra el Estado de Venezuela por las violaciones a los derechos políticos y la libertad de expresión del excandidato presidencial Henrique Capriles durante las elecciones de 2013, en las que resultó derrotado por Nicolás Maduro.
La audiencia se llevará a cabo en la sede de la CorteIDH en Costa Rica y se espera que Capriles brinde su testimonio ante los jueces.
El caso se centra en las supuestas violaciones de los derechos políticos, la libertad de expresión, el principio de legalidad y la protección y garantías judiciales en perjuicio de Henrique Capriles durante su participación en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, según explicó la CorteIDH.
De acuerdo con los antecedentes del caso, una vez concluida la votación y el recuento digital de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los resultados electorales, declarando a Nicolás Maduro como ganador con el 50,61% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 49,12%.
Capriles solicitó al CNE una auditoría completa de los votos, pero su solicitud fue rechazada. Los recursos presentados ante el Tribunal Supremo de Justicia también fueron rechazados. Como resultado de la presentación de un recurso al Tribunal Supremo de Justicia, Capriles fue multado por ofender al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas.
La demanda contra el Estado argumenta que en Venezuela existen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y que no hay garantía de independencia del CNE, lo cual afecta directa y negativamente la protección de los derechos políticos.
Otro punto de la demanda sostiene que el uso de recursos y medios públicos para promover la campaña presidencial del candidato oficialista Maduro generó una ventaja indebida sobre el resto de los candidatos.
Además, la demanda alega que había dudas razonables sobre la vinculación política de algunos miembros del Tribunal Supremo de Justicia con otras partes del proceso.
Los representantes de Capriles también argumentan que la multa impuesta al excandidato por interponer un recurso ante el TSJ constituyó una violación de su derecho a la libertad de expresión.
Tras la audiencia del martes, la CorteIDH podría emitir una sentencia sobre este caso en los próximos meses.
