La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su preocupación por la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y ha instado al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a la represión contra los opositores.
Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, estos hechos no son incidentes aislados, sino que forman parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a aquellos percibidos como opositores.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando intentaba viajar con su hija. El fiscal Tarek William Saab informó el 12 de febrero que San Miguel y cinco familiares tuvieron una audiencia en el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, donde el Ministerio Público solicitó que continúen privados de libertad.
San Miguel ha sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro conocida como «brazalete blanco».
Marta Valiñas ha advertido al gobierno de Venezuela que proporcione información sobre el paradero no solo de San Miguel y su hija, sino también de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Además, ha instado al gobierno a abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.
La defensa de San Miguel ha reiterado que ella y sus familiares están en situación de desaparición forzada, ya que el fiscal Saab no ha informado sobre su paradero ni sus condiciones. Sus abogados no han podido tener acceso a San Miguel desde su detención.
Francisco Cox, otro miembro de la Misión, ha observado que el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus derechos fundamentales. Cox enfatizó que si bien el Estado tiene derecho a investigar, esto debe hacerse respetando plenamente los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales.
El fiscal también solicitó la privación de libertad para Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Sin embargo, para Miranda Díaz San Miguel (hija de Rocío San Miguel), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda), el Ministerio Público pidió medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal.
Patricia Tappatá, otra integrante de la Misión, ha destacado que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y sus familiares tiene como objetivo infundir temor entre quienes critican al Gobierno y hace que el Estado sea responsable bajo el derecho internacional.
Marta Valiñas también ha advertido que la ley que busca regular y controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que prepara la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, junto con la detención de activistas de derechos humanos como San Miguel, tienen como objetivo reducir el espacio cívico en Venezuela. Valiñas ha rechazado que la Fiscalía siga operando de acuerdo con los intereses del Gobierno para dar una apariencia de legalidad a estos abusos.
