Tras dos semanas de intensas reuniones con diversos sectores políticos de oposición moderada, así como con representantes empresariales, trabajadores y universitarios, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 finalmente ha suscrito el «Acuerdo Nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales para la elección presidencial 2024».
A diferencia de lo esperado, la propuesta surgida desde el Parlamento, mayoritariamente chavista, no incluye una fecha específica para las elecciones presidenciales, reconociendo así la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para fijar la fecha de votación en el calendario de este año.
El documento hace un llamado respetuoso al CNE para presentar un cronograma durante el primer trimestre del año, estableciendo los plazos necesarios para la organización y realización de la elección presidencial de 2024.
Entrega de la propuesta al CNE el 1 de marzo
El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, enfatizó que los factores políticos presentes en las negociaciones representan el 84% del voto, excluyendo a la Plataforma Unitaria Democrática de las elecciones regionales de 2021. Rodríguez subrayó que la firma del acuerdo refleja la verdad y puso fin a las dudas sobre la realización de las elecciones presidenciales.
El documento será entregado al CNE el viernes 1 de marzo e incluye las fechas propuestas por las organizaciones políticas de la oposición moderada, que van desde abril hasta diciembre. La fecha más cercana, el 13 de abril, fue sugerida por grupos afines al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la fecha más lejana, el 8 de diciembre, provino de otras organizaciones políticas.
Además, se plantearon solicitudes para respetar lo acordado en el acuerdo de Barbados en cuanto a la celebración de las elecciones en el segundo semestre del año.
Rechazo a la misión de la UE
En cuanto a la participación de misiones de acompañamiento internacional en las elecciones, el documento establece ciertas condiciones. Rodríguez rechazó la posibilidad de una misión de observación electoral de la Unión Europea, argumentando que no pueden ser observadores y al mismo tiempo imponer sanciones contra Venezuela. Se hizo énfasis en la defensa de la soberanía del país y en el respeto a las decisiones de los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral.
Se solicitó al CNE implementar un mecanismo de regulación de la campaña electoral en redes sociales para garantizar igualdad de oportunidades y prevenir la incitación al odio y la discriminación entre adversarios políticos.
