Un gran número de políticos venezolanos que abogaron este año por una alternativa para poner fin al gobierno chavista, a través de las elecciones del 28 de julio, se encuentran actualmente bajo arresto. Según informes de organizaciones no gubernamentales, alrededor de 170 militantes y activistas de partidos políticos están ahora tras las rejas, acusados en su mayoría de terrorismo.
La mayoría de estos arrestos se llevaron a cabo en los días posteriores a las elecciones, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador, desatando así una crisis política que tuvo repercusiones a nivel internacional, con protestas postelectorales y una ola de detenciones.
Mientras el gobierno habla de 2.400 detenidos en este contexto, las ONG estiman que la cifra oscila entre 1.700 y 1.800, lo que revela que aproximadamente el 10 % de los detenidos son políticos afiliados a diferentes partidos, quienes han pasado de manifestarse en las calles a luchar por su libertad tras las rejas.
Disidencia «criminalizada»
Según la abogada Martha Tineo de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), existe un «agravamiento en la ejecución de la persecución por razones políticas en Venezuela», lo que se refleja en la orden de detención contra el candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, quien se vio obligado a exiliarse en España desde el 8 de septiembre.
La jurista señala que la posición contraria al poder ha sido criminalizada, afectando no solo a políticos, sino también a activistas de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas y estudiantes, todos catalogados como «presos de conciencia».
Estas detenciones se han llevado a cabo bajo cargos de conspiración para derrocar a Maduro, cuya victoria en las urnas no ha sido reconocida por numerosos países, generando dudas sobre la transparencia de los comicios. Mientras tanto, 170 políticos permanecen en prisión, una cifra comparable a la mitad de los alcaldes del país o a un vaciamiento del Parlamento de 2015.
El «patrón» de encarcelamiento
Las detenciones por motivos políticos en Venezuela suelen seguir un patrón que comienza con arrestos arbitrarios, seguidos de una negación al derecho a la defensa y dificultades para acceder a atención médica y otros servicios básicos en prisión. Los detenidos enfrentan la posibilidad de recibir penas de hasta 30 años por delitos graves.
Estas situaciones se ventilan ante tribunales especiales contra el terrorismo en Caracas, donde los juicios se llevan a cabo de manera telemática, sin permitir que los acusados se defiendan adecuadamente. La abogada Tineo destaca que estas medidas buscan desalentar la participación ciudadana en reclamos poselectorales.
