El promotor comunitario Elías Santana ha propuesto al gobierno de Nicolás Maduro la suspensión de la elección de 15,000 jueces de paz hasta marzo de 2025, que estaba programada para mediados de diciembre. Santana argumenta que es necesario aprobar un reglamento, establecer un presupuesto y diseñar un plan de capacitación antes de proceder con la elección.
Durante una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, Santana expresó que es prematuro e inapropiado elegir a los jueces de paz comunal sin garantizar un presupuesto adecuado, ya que esto podría resultar en una experiencia frustrante para la comunidad. Propuso extender el plazo hasta el 30 de marzo de 2025 para permitir la difusión de la ley y la selección de los mejores candidatos por parte de la comunidad.
Informar a la comunidad
Santana está de acuerdo con la reforma de la Ley de Justicia de Paz Comunal, pero insiste en la importancia de que los futuros jueces y las comunidades comprendan claramente el papel de mediador que deben desempeñar estos funcionarios.
La Comisión Electoral de la Asamblea Nacional abrió un proceso de postulación para los interesados en ser jueces de paz entre el 25 y 27 de noviembre, seguido de un período de impugnación. Los candidatos pueden postularse por iniciativa propia o a través de Consejos Comunales y Asociaciones de vecinos.
En caso de no obtener una respuesta positiva a su propuesta, Santana se dedicará a informar a la comunidad sobre la justicia de paz y el rol de los jueces, con la intención de ayudar a los ciudadanos en su selección. También se comprometió a colaborar en la formación de los seleccionados.
¿Por qué preocupa la justicia de paz comunal?
El pasado 12 de noviembre, la Asamblea Nacional sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. La figura de la justicia de paz ha generado preocupación por una potencial politización, especialmente en un contexto de creciente represión política tras las elecciones presidenciales de julio.
La ley, sancionada por primera vez en 2012, busca dejar de ser letra muerta y otorgar a los jueces de paz una autoridad real, protegida contra la interferencia de otros órganos judiciales. El proceso de selección de 15,000 jueces está programado para el 15 de diciembre y cada comunidad podrá elegir hasta tres jueces de paz, que funcionarán como un cuerpo colegiado.
