La Unión Europea prorrogó las sanciones individuales contra 54 funcionarios del Estado venezolano, lo cual ha generado un claro mensaje a aquellos involucrados en violaciones de derechos humanos y que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en el país, según explicó Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa.
Una característica destacada de estas sanciones es que serán revisadas en un plazo de seis meses, en lugar de un año como solía ser la práctica habitual. Ávila resalta esta consideración y la atribuye al hecho de que 2024 será un año crucial para Venezuela, ya que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Según él, estas sanciones son un mecanismo de presión para lograr democracia, Estado de derecho y elecciones transparentes y creíbles en el país.
Ávila también explica que estas sanciones individuales no tienen incidencia en el proceso que se desarrolla ante la Corte Penal Internacional (CPI), ya que el fiscal y los jueces de esa corte son independientes, incluso de la ONU. Mientras que las sanciones son de naturaleza política, el proceso ante la CPI es de naturaleza jurídica.
En cuanto a los sancionados, Ávila menciona que han tenido la oportunidad de recurrir estas decisiones desde 2018. Tibisay Lucena, exrectora del CNE, presentó un recurso en contra de la medida alegando que no se le había garantizado el derecho a la defensa ni conocía las razones que la motivaban. Ávila destaca que 12 altos funcionarios del Estado han pedido que las sanciones sean revocadas y solo un caso fue aceptado por el tribunal europeo de justicia.
La prórroga de las sanciones individuales también tendrá un efecto en la mesa de negociación. Stalin González, integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación, confirmó que se están realizando gestiones con aliados de la UE para levantar algunas de estas sanciones como gestos de buena voluntad para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a hacer concesiones. Sin embargo, también enfatizó que debe haber muestras de respeto a los derechos humanos y liberación de presos políticos por parte del gobierno.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro también ha recibido un «alivio» de sanciones por parte de Estados Unidos, lo cual le permitirá acceder a recursos.
En resumen, las sanciones individuales prorrogadas por la Unión Europea contra funcionarios del Estado venezolano tienen como objetivo presionar por la democracia, el Estado de derecho y elecciones transparentes en el país. Estas sanciones serán revisadas en seis meses y no tienen incidencia en el proceso ante la CPI. También se están llevando a cabo gestiones para levantar algunas de estas sanciones como parte de la mesa de negociación. Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha recibido un «alivio» de sanciones por parte de Estados Unidos.
