El informe oficial de las autoridades venezolanas sobre los recientes sucesos en el parque nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas, revela que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas durante un enfrentamiento entre militares y presuntos mineros. Estos hechos se conocieron a través de videos publicados en redes sociales.
El ministro de la Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, informó en un comunicado que durante un operativo castrense para desalojar a presuntos mineros ilegales de la zona, fallecieron dos personas y seis resultaron heridas, incluyendo a tres militares.
Los fallecidos fueron identificados como Kenny Carvajal, oriundo de los Pijiguaos, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, y Luis Manuel Higuera Moreno, habitante de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.
La ONG Kapé Kapé, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, denunció la situación que ocurrió en la mina Cacique, donde se enfrentaron efectivos militares que practican el desalojo y las personas que se resisten a salir del área protegida. Además, fue esta organización no gubernamental la que identificó a las víctimas.
La tensión que se vive desde el pasado 13 de septiembre en el estado selvático, al sur del país, hizo que Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, pidiera al gobierno nacional investigar los hechos en el parque nacional.
“Reiteramos disposición a apoyar para que se investiguen los hechos y para promover soluciones duraderas desde el respeto integral al Estado de derecho, los derechos humanos y de la naturaleza”, expresó el funcionario de la ONU en un mensaje publicado en la cuenta en X de ese organismo en Venezuela.
Piden ayuda
Los enfrentamientos que se producen en la zona del Yapacana se deben al desalojo de una mina de oro que está dentro del parque, a pesar de que esa actividad está prohibida desde el año 1987 en ese territorio.
En la zona operan mineros ilegales venezolanos, grupos de delincuencia organizada, extranjeros y grupos irregulares de países vecinos que tienen control en parte del territorio amazónico.
Una fuente que se encuentra en Puerto Ayacucho contó a Efecto Cocuyo mediante un contacto telefónico, este viernes 15 de septiembre, que la situación en la zona del Yapacana es crítica.
“Anteriormente estaban arremetiendo contra extranjeros, pero ahora los funcionarios lo están haciendo contra venezolanos e indígenas; están quemando los campamentos, hay muertos y heridos”, afirmó.
Aseguró que cuatro hombres motorizados que trabajan como “caleteros” se encuentran desaparecidos desde la mañana de este viernes. “Muchos niños, mujeres embarazadas y ancianos están sin agua, sin comida, sin electricidad”, denunció.
Quienes se encuentran en la zona de Yapacana piden ayuda a las autoridades y al exgobernador Liborio Guarulla. “Hemos visto cómo están matando a la gente. Yo no sé dónde está la gente que nos defiende, los diputados indígenas, nuestros defensores, ya la mayoría de los que quedan aquí (campamentos) son indígenas y venezolanos, ya no hay extranjeros”, denuncian en un audio al que tuvo acceso Efecto Cocuyo.
La tarde de este viernes se esperaba que una comisión integrada por funcionarios de la Gobernación de Amazonas, Alcaldía de Puerto Ayacucho y defensores de derechos humanos llegaran hasta el parque nacional para evaluar la situación.
Los desalojos de mineros
Desde el 1 de julio, la Fanb realiza un operativo para desalojar a presuntos mineros que se encuentran en ese territorio. Según un comunicado publicado por los efectivos castrenses, han desalojado más de 12.000 mineros ilegales.
De acuerdo con la versión oficial, la extracción ilícita de minerales en la zona “genera un sinnúmero de crímenes” como “la prostitución forzada, la trata de personas, el contrabando y la depredación ambiental”, delitos por los que el Ejecutivo responsabiliza a “terroristas colombianos” que, insiste, seguirá “combatiendo hasta su total expulsión” de Venezuela.
Desde que iniciaron los operativos de desalojo de mineros ilegales en Yapacana, es la primera vez que oficialmente se confirma un enfrentamiento. Desde la cuenta del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) se publicaba, en la red social X, que los desalojos se realizaban voluntariamente.
El operativo ordenado por Maduro busca “limpiar” esta región para luego iniciar un plan de recuperación ambiental, especialmente por el uso del mercurio en este territorio.
Denuncias
Las denuncias sobre la deforestación y otros delitos que se cometen en el Yapacana no son nuevas. Activistas ambientales y defensores de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades actuar para evitar que el daño ambiental continúe en la zona.
En una entrevista con Radio Fe y Alegría, Monseñor Jonny Reyes, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, señaló que lo que ocurre en Yapacana se veía venir.
Reyes explicó que son “10 años de tolerancia” por parte del Estado venezolano, a quienes se han asentado en esas tierras a ejercer la minería ilegal.
El representante de la Iglesia católica señaló que la situación es “la crónica de una muerte anunciada”. Sostuvo que el Estado dejó crecer sin control al “monstruo”.
Según cálculos del representante episcopal, casi todas las familias de Amazonas tienen un familiar o allegado en la mina, pues ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década, la mina se convirtió en una alternativa a pesar de los riesgos que implica.
ONG de DDHH como FundaRedes, exhortaron al Estado venezolano a garantizar la seguridad de la población civil en el Parque Nacional Yapacana en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por el Estado.
