Esposados y con cadenas alrededor de la cintura y de los pies. Así han caminado hacia el avión para su deportación, desde Estados Unidos, inmigrantes indocumentados. Recientemente, el presidente Donald Trump se refirió a un grupo de colombianos deportados como «criminales», aunque el gobierno de Gustavo Petro dijo que «no tienen ningún pendiente con la justicia ni en Colombia ni en Estados Unidos».
Desde que Trump asumió el poder, han aumentado los arrestos de inmigrantes indocumentados, tanto sujetos que cometieron delitos como personas sin antecedentes penales. «Es un gran cambio cultural en nuestra nación ver a alguien que viola nuestras leyes de inmigración como un criminal. Pero eso es exactamente lo que son», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La estrategia de Trump afecta también a migrantes que se atuvieron a procedimientos legales para regularizar su situación.
A la jurista Juliet Stumpf se le atribuye haber creado en el año 2006 el término «crimigración», que ahora con Trump cobra vigencia y actualidad. «Históricamente, hemos visto a los inmigrantes que están sin autorización como miembros de alguna manera de esta sociedad [en Estados Unidos], ofreciendo su trabajo u otras ventajas», le dice Stumpf a BBC Mundo. «Pero cuando criminalizamos a los inmigrantes, realmente empezamos a despojarlos de esa idea de membresía en Estados Unidos. La crimigración es una manera de hacer eso doblemente, por el lado penal y por el lado migratorio».
El uso del término crimigración se ha extendido ampliamente dentro y fuera de la academia. Por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard tiene una Crimmigration Clinic. En BBC Mundo hablamos con la profesora Stumpf sobre el término, el origen, el uso que han hecho diferentes gobiernos y la actualidad que cobra con las medidas de Trump.
Movernos de un lugar a otro en busca de un mejor sitio para vivir, más seguro, es parte de nuestra naturaleza. Hay quienes incluso plantean que emigrar es un derecho humano. ¿Cómo el derecho a moverse libremente se ha transformado en algo que muchas veces es muy peligroso y en algunos casos, algo que puede terminar siendo castigado? La migración siempre ha sido una de nuestras grandes ventajas como especie, una de las razones por las que hemos conseguido vivir en casi cada continente del planeta, aunque creo que desde el principio hubo escaramuzas y discusiones sobre quién debería vivir en dónde y enfrentamientos por territorios.
Pero lo que hemos estado viendo con el tiempo es que a medida que migramos y nos asentamos en diferentes lugares, esa conducta de desplazarnos de un lugar a otro se ha criminalizado. Las leyes en Estados Unidos han permitido un gran movimiento libre entre estados. Una vez una persona está dentro del país, se puede desplazar y asentarse en otro estado sin barrera alguna, lo cual ha sido una verdadera ventaja para el país.
Aunque por mucho tiempo, EE.UU. tuvo legislaciones relacionadas con la migración, no fue hasta 1929 que, de hecho, criminalizamos el desplazamiento a través de la frontera. En relación con 1929, investigaciones fantásticas de Kelly Lytle Hernández y otros académicos han mostrado que la razón por la que se aprobaron esas leyes que criminalizaban la migración no autorizada fue un senador supremacista blanco y eugenista, que creía en la pureza de las razas y creyó que criminalizando la migración detendría la inmigración mexicana a EE.UU.
Antes de eso, EE.UU. no tenía ese tipo de leyes. Ellas forman parte de la historia de racismo manifiesto en EE.UU. y son otra parte de un rompecabezas por intentar crear partes del país que fuesen blancas privilegiadas o solo blancas. A inicios de los años 90, empezamos a basarnos en los antecedentes penales o en una creencia de que alguien los tiene o podría tenerlos para no permitirle entrar a EE.UU. o para deportarlo.
En las décadas de los 90 y los 2000, y más recientemente, las leyes en EE.UU. dieron un giro hacia una criminalización mayor. Se incluyeron más sanciones y antecedentes penales que pudieran constituir motivos para la deportación. Incluso si alguien fue condenado y cumplió toda su sentencia, ahora podría ser sujeto a deportación, de maneras como nunca habíamos visto. A eso se suma, el aumento en la implementación de esas leyes y un ambiente de vigilancia migratoria. Todo eso creó una tendencia en EE.UU. de poner en nuestras mentes ideas sobre la inmigración y los inmigrantes que pasaron de ser percibidos como personas que vienen a trabajar, que buscan seguridad, reunirse con sus familiares, a en este momento especialmente verlos como criminales, personas indeseables o peligrosas.
¿Qué es la crimigración? Es la intersección de la inmigración y el derecho penal. Observa esta creciente tendencia de criminalizar a los inmigrantes y la analiza básicamente de tres diferentes maneras: Los antecedentes penales se han convertido en una base mucho más amplia para la deportación, especialmente de residentes permanentes que viven legalmente en el país. También analiza la forma en que esta criminalización racialmente motivada de la entrada a EE.UU. se ha desarrollado. El aumento de procesamientos por ingresar a través de la frontera indica una tendencia al alza en estos casos. Las agencias han adoptado una mentalidad de criminalización que las equipara a agentes de la policía de inmigración. Esta percepción pública de la inmigración como sinónimo de criminalidad ha influido en las políticas migratorias.
La convergencia entre la ley migratoria y el derecho penal ha surgido por diversos motivos, entre ellos el cambio en el sentimiento público hacia la inmigración. A lo largo de los años, la economía ya no dicta la percepción de la inmigración, que ahora se asocia más con el crimen. Este cambio ha contribuido a la estigmatización de los inmigrantes, especialmente aquellos de origen latinoamericano.
La percepción de los inmigrantes como personas de color y la creencia de que la inmigración está ligada al crimen han exacerbado la situación. La complejidad de las leyes de admisión en Estados Unidos ha favorecido a algunos grupos étnicos sobre otros, lo que ha generado desigualdad en el trato migratorio.
La convergencia entre las leyes migratorias y el derecho penal se remonta a la década de 1980, con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración. Esta normativa introdujo medidas que criminalizaron diversas conductas relacionadas con la inmigración y marcó el inicio de una tendencia hacia una mayor intersección entre ambas áreas legales.
Durante las décadas posteriores, la llamada Guerra contra las drogas amplió los motivos de deportación y creó nuevas categorías que propiciaban la expulsión de individuos con antecedentes penales. Estas políticas afectaron particularmente a comunidades afroestadounidenses y latinas, generando una mayor criminalización de la inmigración y una escalada en los procesos de deportación. La implementación de leyes penales más estrictas en Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en los residentes permanentes, quienes se han vuelto más vulnerables a la deportación. A raíz de estas leyes, la deportación masiva de personas que habían vivido en el país durante mucho tiempo se ha convertido en una realidad preocupante.
La guerra contra las drogas, criticada por sus implicaciones raciales, ha abierto la puerta a la criminalización y encarcelamiento de grupos de personas de color, especialmente de América Latina. Las medidas de exclusión, deportación y detención, que históricamente se consideraban «remedios civiles», ahora se equiparan a sanciones penales, generando un debate sobre su verdadero propósito.
Los centros de detención de inmigrantes, administrados por empresas que solían gestionar prisiones privadas, han aumentado su población en respuesta a la creciente deportación de inmigrantes. Estos lugares, que funcionan como cárceles y prisiones, albergan a personas que no han cometido delitos penales, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su detención.
Paralelamente a los movimientos migratorios, operan mafias de traficantes de migrantes y tratantes de personas, que se aprovechan de la creciente criminalización de la migración para llevar a cabo sus actividades ilegales. La dificultad de cruzar la frontera de manera segura ha impulsado el crecimiento de esta industria, aumentando los riesgos para los migrantes y generando problemas de seguridad en la frontera.
La deportación de inmigrantes, a menudo acompañada de imágenes de personas esposadas en aviones, refuerza la percepción de que estas personas representan una amenaza. Aunque la deportación se considera una acción administrativa, su ejecución con elementos propios del derecho penal cuestiona la línea entre la ley civil y la criminalidad.
En conclusión, la intersección entre la migración, la criminalización y el control fronterizo plantea desafíos éticos y legales que requieren un análisis profundo y una reflexión sobre las políticas actuales. La protección de los derechos de los migrantes y la prevención de la explotación por parte de organizaciones criminales deben ser prioridades en cualquier discusión sobre el tema. El cuidado del medio ambiente es una preocupación cada vez mayor en la sociedad actual. En este sentido, la implementación de prácticas sostenibles en el ámbito empresarial ha cobrado relevancia en los últimos años.
Las empresas están adoptando medidas para reducir su impacto ambiental, como la implementación de programas de reciclaje, la reducción del consumo de energía y agua, y la utilización de materiales sostenibles en sus productos. Estas acciones no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también pueden generar ahorros económicos a largo plazo.
Además, las empresas sostenibles suelen tener una imagen positiva ante los consumidores, lo que puede traducirse en un aumento de la lealtad de los clientes y una ventaja competitiva en el mercado. Cada vez más consumidores prefieren adquirir productos y servicios de empresas que demuestran un compromiso con la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, es fundamental que las empresas incorporen prácticas sostenibles en su modelo de negocio y que comuniquen de manera efectiva sus acciones en este ámbito. La transparencia y la coherencia en la comunicación son clave para generar confianza en los consumidores y en la sociedad en general.
En resumen, la sostenibilidad ambiental en el ámbito empresarial es una tendencia en alza que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede tener un impacto positivo en la reputación y los resultados económicos de las empresas. Es fundamental que las empresas asuman su responsabilidad en la protección del medio ambiente y adopten medidas concretas para lograr un desarrollo sostenible.
