La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado el procesamiento penal en Venezuela de Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza (29) por su presunta participación en el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, según la sentencia Nº 289 redactada por el magistrado Maikel Moreno.
El fiscal paraguayo fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla Barú, Cartagena, Colombia, donde estaba de luna de miel. Las investigaciones preliminares indican que esta operación para matar a Pecci fue financiada por una red internacional de narcotráfico.
El día del suceso, el venezolano Salinas Mendoza transportó en una moto acuática a la persona que disparó a Pecci. Después de eso, huyó a Venezuela llevándose parte del dinero pagado por el grupo para cometer el asesinato.
Salinas Mendoza fue capturado en Altamira, municipio Chacao (Miranda), por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó en su momento el ministro de Interiores, Remigio Ceballos.
Posteriormente, las autoridades colombianas presentaron la documentación requerida a Venezuela para solicitar la extradición de Salinas Mendoza.
Los magistrados declararon que esta solicitud era improcedente debido a que la Constitución prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, criterio respaldado por el Ministerio Público.
Sin embargo, los magistrados verificaron que Colombia cumplió con los requisitos para la extradición, lo cual hace posible «someter el presente asunto a las autoridades venezolanas competentes, con el fin de que se proceda a su enjuiciamiento contra el mencionado ciudadano, a fin de evitar la impunidad», según la sentencia.
Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia asume «el firme compromiso ante Colombia» de juzgar a Salinas Mendoza por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado en calidad de coautor a título de dolo, según lo previsto en el Código Penal de Colombia.
En virtud de este compromiso adquirido por Venezuela, la Sala Penal ha acordado solicitar a Colombia «la asistencia jurídica necesaria para que remita todos los elementos de convicción que considere pertinentes, que permitan realizar el adecuado juzgamiento de los hechos por los cuales se investiga al mencionado ciudadano».
El Ministerio Público será responsable de recopilar este material a través de los canales diplomáticos, según indicaron los magistrados.
Finalmente, la Sala ha decidido remitir toda la documentación enviada hasta ahora por Colombia al Juzgado 1º de Control de Caracas, para que dé inicio al proceso penal correspondiente contra Salinas Mendoza.
