El Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela (Ipys) expresó su preocupación por la difusión de un lenguaje de odio en algunos medios de comunicación, periodistas y redes sociales, en relación al arresto de 33 personas en un establecimiento en Valencia, estado Carabobo, el pasado 23 de julio de 2023.
A través de un comunicado, el Ipys señaló que aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social no deben promover ni replicar discursos de odio. Asimismo, recordó que el ejercicio responsable del periodismo implica la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica pluralidad y respeto por la dignidad de las personas.
El instituto ha documentado las dinámicas relacionadas con la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a la información pública, basándose en estándares de protección favorables. Estos estándares establecen restricciones legítimas basadas en la responsabilidad de difundir información y opiniones.
En este sentido, citó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en el año 2029 afirmó que combatir el discurso de odio no implica limitar o prohibir la libertad de expresión, sino prevenir la escalada de incitación al odio que puede conducir a la discriminación, hostilidad y violencia, lo cual está prohibido por el derecho internacional.
El Ipys destacó que el proceso policial-judicial contra los 33 involucra derechos consagrados en la Constitución, como la no discriminación, la tutela judicial efectiva, la libertad personal, el respeto a la integridad física, psíquica y moral, entre otros. Por lo tanto, considera que el periodismo debe examinar rigurosamente los derechos comprometidos en una situación antes de reproducir la versión oficial.
En este caso en particular, el Ipys considera especialmente grave que algunos periodistas y productores de contenido hayan publicado fotos y documentos de identidad de los 33, respaldando así un discurso de odio estigmatizante y discriminatorio hacia las personas LGBTIQ+.
El instituto sostiene que no es suficiente que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan validado la actuación policial, sino que todo relato periodístico que involucre derechos humanos debe buscar la mayor verificación y contraste de versiones, especialmente incluyendo la perspectiva de las posibles víctimas de abuso de poder o autoridad.
Sin embargo, el Ipys reconoce que muchos medios y periodistas cumplieron con su obligación de indagar más allá de la versión oficial, produciendo contenidos más integrales para precisar, comprender y analizar lo sucedido con los 33 detenidos.
Desde el Ipys se asume este caso como una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se ejerce el periodismo en Venezuela y la necesidad de fomentar un desempeño profesional y respetuoso, que valore la diversidad y dignidad de las personas.
